La pena infamante es aquella que produce infamia a quien la sufre, convirtiéndose en un factor añadido a la pana posterior, en el que se exhibe públicamente al reo para que sufra el escarnio popular. La historia de la humanidad nos ha ofrecido numerosos ejemplos de este tipo de acciones punitivas, realizadas ante el público, que van desde los azotes, la argolla, el cepo o la horca.
Cuando el fascismo llegó al poder en 1922 el Gobierno de Roma presidido por Benito Mussolini decidió erradicar definitivamente la Mafia de Sicilia. Para ello encomendó esa misión a Cesare Mori, un reputado funcionario jefe de policía, que fue destinado como prefecto a la comisaría central de Palermo, con jurisdicción en toda la isla. Mori ya tenía fama de ser un policía expeditivo, y por ello recibió plenos poderes para acabar definitivamente con la Mafia.
Los sicilianos eran conscientes de que el poder político estaba en Roma, pero el poder real lo ostentaban los capos mafiosos que se habían erigido desde tiempos ancestrales en dueños de vidas y haciendas. El prefecto Morí comprendió que si quería acabar con la Mafia no podía limitarse simplemente a arrestar a mafiosos para ponerlos a disposición judicial sino que tenía que ofrecer a la población de Sicilia la percepción de que el auténtico poder no lo tenía la Mafia sino el Estado.
Con la acción psicológica conseguiría que los sicilianos buscasen el amparo de las autoridades, en lugar de acudir a los capos locales para pedirles favores o intercesiones. Para ello Morí -que pronto fue conocido como el prefecto de hierro- inició una serie de redadas, en las que exponía públicamente ante los vecinos en las plazas de los pueblos, a los mafiosos detenidos y esposados. Con esta exhibición, Mori lograba mostrar públicamente el omnipotente poder del Estado, frente a unos hombres abatidos que se presentaban como simples malhechores.
Muchos años después, como colofón a las investigaciones de los jueces Falcone y Borselino, se celebró en 1980 en Palermo lo que fue conocido como el Maxi Proceso. Presidido por el juez Giordano, fueron juzgados trescientos cincuenta y cinco mafiosos, que fueron ubicados en una sala de vistas blindada construida al efecto, agrupados en jaulas ocupadas por diferentes bandas según fuese su procedencia. Durante el proceso se llegó a imponer una camisa de fuerza a un mafioso, que mostró actitudes violentas hacia sus guardianes. Otra vez se volvía a evidenciar el poder del Estado frente a las bandas criminales.
Guardando las distancias temporales y territoriales, aunque no las psicológicas que son idénticas, algo muy similar ha ocurrido en Cataluña. De hecho los capos mafiosos, aparte de rechazar cualquier autoridad que viniese del Estado central, utilizaban tradicionalmente terminologías como “Roma nos roba”, “los sicilianos tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro”, que nos recuerdan mucho a las sandeces que han vertido los dirigentes separatistas catalanes durante los últimos lustros.
Tradicionalmente los catalanes como los sicilianos, han tenido la percepción de que el poder estaba en el Palau de la Generalitat y no en la Moncloa, pero con los sucesos acaecidos durante el pasado año, hemos visto como los máximos dirigentes del Parlament, de la Generalitat y del todopoderoso clan Pujol -capo dei capi- han ido desfilando esposados en varias ocasiones, ante los jueces que los han interrogado con el mismo método que se utiliza con los delincuentes y con las bandas criminales. Jueces que por otro lado no han mostrado miramientos ni reparos, para enviarlos a prisión.
Los catalanes como los sicilianos hemos visto que los fuertes no eran tan fuertes como pensábamos, y los acólitos del 3%, que han sometido a nuestra Comunidad Autónoma a prácticas mafiosas de extorsión, de cohecho y de desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, han sufrido en sus carnes el poder omnímodo del Estado. Esta es precisamente la grandeza del Estado de derecho, en el que la justicia se aplica con el mismo rigor sobre mafiosos, políticos o simples ciudadanos.
Juan Carlos Segura Just
Doctor en derecho
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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