La moción de censura y sus efectos

En el régimen de “opinión publicada” en el que se ha instalado la democracia española mucho se está comentando acerca de la inconveniencia de la Moción de Censura que se ventilará la semana que viene en el Congreso de los Diputados.

Valga decir que esa influyentes opiniones interesadas soslayan que el fin último de la misma es censurar al innombrable que nos mal gobierna. Eso y sólo eso, lo demás son supercherías, ardides, infundios, engaños que ansían desmerecerla cuando lo que se persigue es provocar el 28M un “superdomingo” electoral.

¿Quiénes en su sano juicio y recta intención podrían oponerse? Pues lo cierto es como lo de las “meigas” que de “haberlas haylas”. Tachar de desleal, corrupto, abominable, insoportable y sectario a la actual clase “progre” gobernante es ser en exceso condescendiente, por lo que sustanciar ese debate político se me antoja imprescindible y patriótico.

Escurrir el bulto, abstenerse, quedarse inmóvil a lo “Don Tancredo”, evoca gobiernos anteriores que en cierta medida nos trajeron hasta aquí, dejando un bolso en el escaño que evidentemente solo pudo dar la callada por respuesta y no afrontó con valentía la ignominia de aquella otra moción triunfante que encumbró al innombrable.

España, hoy, no es país para oportunistas, pusilánimes o conmilitones entusiasmados con la sola posibilidad de pactar con el diablo para heredar y apoltronarse. Dejo esto de Pedro García Luaces publicado el 24 de noviembre de 2010 que escribía a cuenta de la España decimonónica:

«Pocas veces se han dado en la historia política casos como el de Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, ideológicamente opuestos, amigos personales de gran confianza y protagonistas de un acuerdo a largo plazo, que durante varios años permitió que España superara situaciones extremadamente difíciles: el Pacto de El Pardo, firmado el 24 de noviembre de 1885, en el que se desarrollaba el proyecto político denominado «turnismo», de alternancia por turno entre los dos grandes partidos. Cánovas era el líder del Partido Conservador. La Constitución de 1876 convirtió a España, al menos en el plano teórico, en una monarquía parlamentaria. Cánovas apoyaba el bipartidismo y la alternancia, e impulsó a su amigo Práxedes Mateo Sagasta a crear un Partido Liberal y postergó cuanto pudo la instauración del sufragio: en 1878 se estableció en voto restringido, y sólo en 1890 el universal masculino.

Sagasta, en cambio, procedía de lo que cabía considerar la izquierda extrema de la época: este ingeniero de caminos había participado de la sublevación del Cuartel de San Gil, aplastada por Serrano y O’Donnell, un motín que tenía por finalidad destronar a Isabel II; y por ello había sido juzgado y condenado a muerte, aunque había conseguido exiliarse en Francia. Tras la caída de la Reina en 1868, Sagasta regresó a España y fue ministro de Gobernación del mismo general Serrano que le había perseguido, y presidente del Consejo de Ministros con Amadeo de Saboya. Volvió a ocupar ese cargo en los últimos tiempos de la Primera República, en 1874, en los meses previos a la Restauración borbónica. Sagasta fundó el Partido Liberal en 1880. La alternancia turnista en el poder a partir del Pacto de El Pardo se cumplió rigurosamente hasta el asesinato de Cánovas por el anarquista italiano Michele Angiolillo en 1897. Sagasta, que ya había sido presidente entre 1881 y 1883, sucediendo a Cánovas, ocupó el cargo nuevamente en 1885-1890, 1892-1895 y, tras la muerte de su amigo y rival, en los periodos 1897-1899 y 1901-1902. Cánovas presidió el Consejo en 1890-1892 y en 1895-1897. Está claro que el sistema podría haber ido mucho más allá, ya que Sagasta, el mayor ejemplo de supervivencia política de toda la historia de España, que había sido responsable como jefe de gobierno del Desastre del 98, volvió a ser elegido en 1901″.

Pues bien, parece avistarse en la actualidad idéntica intención en nuestro centroderecha patrio incurriendo en los mismos y funestos errores que fragilizaron la política en esos días, culminando con el desastre nacional de 1898, sólo que ahora se perderá algo más que Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Isla de Guam.

Ya saben a qué me refiero, una “Ley de Claridad” a la quebequesa que nos lleve a un referéndum en Cataluña con pérdida de la soberanía nacional, otorgando al separatismo su ansiado objeto de deseo. Y sin embargo al independentismo irredento lo único que hay que darle es “cristiana sepultura” mediante su ilegalización por desleales con la democracia española.

Sí, no seré el que promueva acabar con el aforismo “Cogitationis poenam nemo patitur”, traducido, “el pensamiento no delinque”. Pero sí defiendo que quienes se valen de los impuestos y el esfuerzo de todos los españoles para destruir la unidad nacional, podrán “pensar” eso y lo que quieran, pero no podrían “hacer” eso que llevan tanto tiempo haciendo.

El día que el centro derecha en España asuma que es el único camino por recorrer, les aseguro que personalmente daré por conclusa la batalla política que muchos catalanes de España llevamos dando para evitar a toda costa que suceda.

En ese punto seremos en verdad una democracia homologable en lugar de una “distopía” sometida al totalitarismo de aquellos fundamentalistas que nos quieren extranjeros en nuestra amada Cataluña; por pensar diferente, por aspirar a que la lengua común de todos los españoles no sea perseguida, porque es nuestro legítimo derecho poder usarla, tal y como lo refleja nuestra Constitución que nos ampara y protege. Al menos así debería ser.

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