Que la Guardia Civil, a instancias de un juez, investigue el acto en el TNC sobre el ‘referéndum’ y requiera documentación sobre el evento organizado por el Govern para dar detalles de la ‘ley’ que ampara la consulta ilegal es una clara muestra que la justicia no está por la labor de permitir otro 9N. Tanto los tribunales como el Gobierno de España parece que tienen claro que se acabó la impunidad.
La maquinaria de la justicia es lenta, pero cuando se pone en marcha nadie la puede parar. Es una buena noticia para la ciudadanía española en su conjunto y muy mala para el Gobierno secesionista de la Generalitat y sus aliados, tan tendentes a pasarse la legalidad de un país democrático como España por el Arco de Triunfo. El 9N fue un agujero negro dentro del Estado de Derecho. No puede volver a ocurrir, y todo los indicios indican que así será.
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