La ley de Lynch es habitualmente aplicada por los partidos separatistas catalanes y sus aliados. El linchamiento moral del discrepante con el credo independentista es un elemento fundamental de su forma de hacer política, lo hemos visto en los señalamientos públicos, en las campañas en redes sociales, en los escaches y acosos a líderes constitucionalistas.
Amedrentar al que osa salirse del pensamiento único secesionista, o al que pone en apuros alguno de sus postulados o a alguno de sus líderes, forma parte de la forma de actuar del independentimo. La familia de Canet, como antes lo fueron otras familias en, por ejemplo, Balagure y Mataró, son algunas de sus víctimas. El objetivo es que sirvan de escarmiento para potenciales discrepantes.
Es lo mismo que han adecido otros ciudadanos que hayan sido molestos para el nacionalismo. Hace unos años el ex diputado Antonio Robles ya sufrió este intento de asesinato civil. Dolores Agenjo, la única directora de un colegio público que se negó a ceder las llaves para la ‘consulta’ del 9-N, también sufrió los embates de la maquinaría de picar carne secesionista. O las madres de CADECA, en la provincia de Tarragona, en la década de los 90.
Cuando en pueblos dominados por el separatismo aparecen guillotinas con mensajes de odio hacia Felipe VI se sigue la misma lógica de los linchamientos que hemos mencionado. Amenazar para que nadie ponga en duda el lema secesionista «las calles serán siempre nuestras».
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