La legitimidad de la que presume Carles Puigdemont para convocar la consulta ilegal del 1 de octubre es una legitimidad catalana que no existe, dado que las instituciones en las que se basa, el Parlamento catalán y la Generalitat, emanan de la Constitución española basada en la soberanía nacional española representada en el Congreso de los Diputados.
Además, según la lógica separatista de la “legitimidad catalana” está consulta tampoco sería legítima, dado que no respeta las propias normas emanadas de la cámara autonómica, que exigen una mayoría de 2/3 para modificar el marco legal catalán representado en el ‘Estatut’. Con una mayoría exigua de 72 diputados sobre 135 pretenden dinamitar el entramado institucional catalán.
La “mayoría social”, el “clamor” de la ciudadanía en la que Puigdemont y sus aliados basan la convocatoria de la consulta ilegal tampoco existe. La mayoría parlamentaria de la que gozan los separatistas en la cámara autonómica catalana no se corresponde con la de la mayoría de los electores, dada la sobrerepresentación de las circunscripciones donde el secesionismo consigue mejores resultados (Girona, Lleida y Tarragona).
El proceso secesionista no solo es un despropósito. Es una locura que ha dividido a la sociedad catalana y la condena al enfrentamiento.
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