España es el único país del mundo en el que el Estado destina fondos propios para autodestruirse en alguna Comunidad Autónoma, y sobre todo en Cataluña. Evidentemente si el Presidente de la Generalitat es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, resulta incongruente que su gobierno utilice gran parte de los recursos que obtiene con los impuestos que recauda en la Agencia Tributaria de Cataluña, para dedicarlos a financiar políticas y actividades que pretenden, primero eliminar cualquier vestigio de españolidad en esta Comunidad Autónoma, para luego proclamar la independencia destruyendo al propio Estado español en su territorio.
Siempre he sido de la opinión, de que la acción dañina que ejercen contra el Estado los partidos políticos separatistas, se asemeja a una enfermedad que va minando poco a poco la salud de una persona hasta provocarle la muerte. Algo muy similar ocurre con los partidos separatistas, que van generando en el cuerpo de la sociedad y de la administración catalana, un daño que pretende acabar con la vida de la hispanidad catalana.
Sin embargo hemos de valorar que cuando se manifiesta una enfermedad, el cuerpo humano reacciona de inmediato para contrarrestarla, y si ello no es suficiente, los medicamentos y la acción de los médicos intervienen para vencer a la enfermedad. Pero en Cataluña desde los inicios de la transición, el cuerpo social, salvo algunas honrosas excepciones, no ha reaccionado, plegándose a la enfermedad.
Si valoramos los medicamentos que ha ingerido el paciente, que podrían equivaler a las intervenciones estatales para evitar la propagación de la enfermedad, han brillado por su ausencia, y por lo que respecta a las autoridades, que son los médicos que están obligados a curar la enfermedad, han intervenido tarde y mal. Da la sensación de que políticos han actuado como aquel médico, que no hace nada cuando detecta los síntomas y el avance de la enfermedad, esperando que el paciente esté a punto de morirse para aplicarle un desfibrilador de 155 voltios, confiando que eso será suficiente para evitar la muerte de su paciente.
De todas formas el fenómeno separatista yo lo asemejaría más que a una enfermedad, a un suicidio estatal, porque como ya he dicho es el mismo Estado español en Cataluña, que es la Generalitat, el que se dedica a autodestruirse. Pero se trata de una autolisis gradual, como la de aquel individuo que poco a poco va destruyendo su propio cuerpo con la ingesta de veneno, al igual que Cataluña se está autodestruyendo con las emisiones de TV3, Catalunya Radio o la actividad adoctrinadora de la escuela pública.
En términos jurídicos se podría decir que el suicidio no está prohibido, por la sencilla razón de que no se puede multar o ingresar en prisión al que se ha suicidado. Sin embargo el Estado tiene la ineludible obligación de prevenir y de evitar conductas suicidas. Por ello y por ejemplo, lo que el Estado nunca tiene que hacer, es concederle una licencia de armas a un presunto suicida o financiarle un cursillo de paracaidismo. En una sencilla correlación, el Estado tampoco tiene que dar cobertura legal ni financiar a las organizaciones políticas, que pretenden matar al propio Estado en una parte del territorio nacional.
En la vida como en la enfermedad o en las relaciones humanas o laborales, cada uno tiene que luchar contra todo aquello que te quiere anular o destruir, y por ello en las relaciones políticas, el Estado debe de hacer lo mismo con los partidos políticos separatistas, procediendo a su ilegalización por seis motivos fundamentales.
1º) Protección suprema de la integridad del territorio nacional.
La protección del territorio y de la población constituyen las primeras obligaciones de todo Estado-nación. Si un enemigo extranjero y externo pretende separar o anexionando una parte del territorio español con toda la población que vive en él, el Estado tiene que evitarlo por todos los medios pacíficos o coercitivos a su alcance. Lo mismo ocurre sin el enemigo es interno, y por ello antes de que intervengan las Fuerzas Armadas para restablecer la integridad del territorio nacional, el Estado debe de tomar las medidas necesarias para evitar llegar a ese extremo. Una de esas medidas sería la de neutralizar a los agentes u organizaciones nacionales o extranjeras, que pretendiesen esa amputación de una parte del territorio nacional.
2º) Gran parte de su actividad política está encaminada a la desestabilización del país.
Con todo el respeto que se merecen las minorías, el interés general debe de prevalecer siempre por encima del interés particular. Por ello no se puede permitir que un partido con intereses regionales como ERC, condicione quien va a ser el Presidente del Gobierno de España, o que otro partido como el PNV, consiga con sus escasos diputados decantar una moción de censura que provoque la caída de un Gobierno nacional, como ocurrió con el presidente Rajoy.
3º) Reciprocidad externa.
Nuestros países vecinos como Portugal, Alemania y Francia, entre otros muchos, incluyen en sus cuerpos legislativos o constitucionales, prohibiciones expresas de la ilegalización de partidos políticos separatistas.
4º) Reciprocidad interna.
En el supuesto de la existencia real de una República Catalana, con toda seguridad los partidos políticos llamados constitucionalistas estarían prohibidos por ley, por la sencilla razón de que la República no podría permitir la existencia de un presidente y un gobierno de Vox, del PP o de Ciudadanos, en el supuesto de que estos partidos ganasen las elecciones o formasen una coalición de gobierno.
5º) Estatutos anticonstitucionales.
Los partidos políticos separatistas suelen tener estatutos fundacionales o creados en congresos, que hacen referencia a la implantación de la República o a la liberación nacional, abogando directamente por su desvinculación respecto a España.
6º) Los partidos separatistas suelen tener personas que ostentan cargos públicos electos o de designación directa, así como cargos directivos internos, ostentados por personas que han participado en actividades terroristas.
La cuestión de la ilegalización de los partidos políticos separatistas en España, ha sido un tabú que nadie se ha atrevido a plantear hasta ahora. Después de la tiranía impuesta a todos los españoles, por los representantes de los partidos políticos separatistas desde los inicios de la transición, por fin un partido político con una amplísima representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que lo sitúa como tercera fuerza política en España, ha percibido perfectamente este problema de origen o pecado original, que incapacita el sistema democrático español.
La mera existencia de los partidos políticos separatistas, implica que el sistema político democrático español adolece de un defecto de forma, que impide un desarrollo normal de la vida parlamentaria como en los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Sin duda la desaparición de los partidos separatistas, desencadenará en España una era de estabilidad política que redundará en la cohesión y en el bienestar nacional.
Juan Carlos Segura Just. Doctor en Derecho
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