La defensa de una vida encaminada a la excelencia supone, en la actualidad, vivir en un constante desasosiego intelectual. Ya no se prima el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, la formación académica, menos aún las aptitudes, la capacidad de esfuerzo y la responsabilidad. Se prioriza la ideología, ante todo, aunque esté vacía de contenido, eso da igual, como no importan los resultados. Desde hace unos años sufrimos el desgobierno de un ejército juvenil que es producto de unas cuestionables leyes educativas, cuyo fin principal parece que es ocultar el desconocimiento, y que está compuesto de unas grandes dosis de dogmatismo, propio de una ultraizquierda intolerante que, además, irónicamente cree poseer la superioridad moral para no sentirse frustrada, puesto que no sabemos si podría llegar a soportarlo. “La soberbia es el vicio de los ignorantes” como bien afirmaba algún sabio.
En esta desconsolada realidad que las cosas salgan bien es cuestión de milagros, no de propósitos, como hemos podido ver con la ley del sí es sí y vamos a ver también con la ley del maltrato animal. Se trata de la manifestación palpable de la incompetencia, pero esta vez con nefastas consecuencias generales y otros tantos beneficios para los violadores. El resultado de primar la ideología a la competencia, el enchufismo a la capacidad lleva a terribles resultados que pagamos todos y no solamente me refiero al dinero que sale de nuestros bolsillos.
Y, una vez más, procede de esa superioridad moral, que la izquierda cree poseer, de negarse a escuchar críticas, comentarios o quejas, menos todavía si esas críticas proceden del Partido Popular, como ya se les avisó de que podía suceder lo de la rebaja de las condenas derivadas de esta ley, puesto que cualquier comentario procedente de dichas siglas, para la izquierda, merece ser ignorado.
No me voy a adentrar en terrenos judiciales, puesto que no son mi campo, pero sí que manifiesto mi queja como ciudadana española ante la incompetencia e irresponsabilidad de que legislen quienes no presentan capacidad para ello y, encima, son premiados, mejor dicho, les premiamos esa incapacidad con unos sueldos demasiado elevados a su nivel de aptitudes, exigibles en el desempeño de sus funciones. Otros, en esta desconsolada vida real, debemos someter constantemente nuestro currículum a juicio para ser merecedores de una sexta parte de su salario. No sé si en este punto podría entrar alguna de esas soflamas sobre la igualdad o los techos de cristal desde el homónimo ministerio, aunque no creo.
La chapuza legislativa dirigida por Irene Montero, quien por ser “pareja de” consiguió una cartera ministerial, quien a su vez colocó a su pandilla, quien no posee la suficiente preparación, quien se cree que por ser de ultraizquierda posee la verdad absoluta, quien pretende crear un problema social desde un ministerio que se lleva una buena tajada del presupuesto, es decir, del dinero que sale de nuestros bolsillos conseguido con el sudor de nuestra frente, quien frivoliza con la responsabilidad que quiso asumir, quien está a favor de desestabilizar las instituciones desde dentro de ellas, quien ha acusado a los jueces de machistas por cumplir con su responsabilidad, merece ser reparada, al menos, con su dimisión , puesto que visto está que no tiene suficientes aptitudes para asumir una cartera ministerial, ya que hemos visto otras chapuzas procedentes de ese ministerio, por suerte con consecuencias menores. Pero no solamente ella, la asunción de responsabilidades debería proceder del ejecutivo y dejar la defensa gregaria para cuestiones más honrosas.
En estos tiempos de desasosiego, la dimisión resulta demasiado exquisita, supone un ejercicio de valentía el poseer la capacidad de reconocer errores y asumir la responsabilidad, no debemos olvidar que ello lleva aparejado el estipendio mensual. Parece que eso forma parte de otros tiempos, aunque debiera ser un ejercicio exigido a cualquier político por parte de la ciudadanía como nos exigen a nosotros en nuestros cometidos laborales. En esa acérrima defensa de la igualdad, ¿no podrían hacer el esfuerzo de igualarse al resto de ciudadanos, quienes ejercemos un oficio tras una constatada demostración de aptitudes y conocimientos, y que en caso de resultados negativos nos dimiten?
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