La Generalitat continúa imponiendo el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, pese a que existe una sentencia que les obliga a llevar a cabo un 25 % de clases en castellano.
EL MUNDO se hace eco de la primera desobediencia en firme de la administración catalana en esta materia, es el caso de una familia en la escuela Emili Juncadella de Barcelona. La Generalitat exige al Alto Tribunal que tumbe esa impugnación, y avale la negativa del ejecutivo catalán a conceder un 25% de horas en castellano al hijo de los demandantes.
Dicho escrito fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 29 de marzo, un día después de que venciera el plazo otorgado por la justicia para cumplir la sentencia. Por lo que el Govern deja por escrito su intención de seguir incumpliendo la ley.
Los servicios jurídicos de la Generalitat han afirmado en el escrito remitido al TSJC que la familia demandante “no tiene ningún derecho a determinar un porcentaje de uso de la lengua castellana como vehicular ni ningún otro poder público podría hacerlo que no fuera la Administración educativa competente, que en Cataluña es la Generalitat“.
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