Barcelona atraviesa una crisis de seguridad insostenible que mantiene en vilo a sus vecinos. Los recientes episodios de violencia extrema en las calles han desatado las alarmas y evidencian el fracaso de la gestión del PSC de Jaume Collboni. Ante esta preocupante degradación, el grupo municipal de VOX exige que la seguridad ciudadana se convierta en la prioridad absoluta del consistorio. La formación denuncia el constante negacionismo oficial de una izquierda instalada en la complacencia mientras los índices delictivos continúan al alza.
La propuesta central de VOX pasa por un incremento drástico de la presencia policial en las zonas más conflictivas. Reclaman la creación de planes de seguridad específicos para distritos periféricos y la puesta en marcha de unidades nocturnas propias de la Guardia Urbana destinadas a combatir los robos con violencia. Asimismo, exigen un aumento inmediato del presupuesto para recuperar las miles de horas de vigilancia eliminadas en puntos estratégicos como la red de Metro, convertida en un escenario habitual para carteristas y agresores.
El partido incide especialmente en la necesidad de criminalizar de forma efectiva a los delincuentes y desmantelar las bandas organizadas que controlan el espacio público. Desde la formación critican que el discurso buenista de las instituciones no hace más que alentar la reincidencia y desproteger a los ciudadanos honrados. Su estrategia propone dotar de mejores herramientas jurídicas y materiales a las fuerzas de seguridad para acabar con la impunidad del narcotráfico y de los denominados narcopisos, que destrozan la convivencia en barrios históricos como el Raval.
El control migratorio y habitacional constituye otro de los pilares del plan de choque defendido por esta formación. VOX vincula directamente el repunte de los delitos más violentos y los apuñalamientos con la inmigración ilegal descontrolada que, a su juicio, ha sido amparada por socialistas y separatistas. Entre sus exigencias destaca el fin del fraude en los empadronamientos masivos y la aplicación de expulsiones para aquellos extranjeros que cometan delitos o perturben gravemente la paz comunitaria.
La presión social va en aumento y los comerciantes y residentes de la ciudad autónoma multiplican sus protestas para exigir barrios habitables. VOX se ha sumado a las movilizaciones vecinales para forzar un pleno monográfico sobre seguridad en el que se depuren responsabilidades políticas. Con estas medidas, el partido busca capitalizar el profundo malestar de una ciudadanía que se siente abandonada por unas administraciones más preocupadas por la corrección política que por devolver el orden a las calles de Barcelona.
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