La Fiscalía sostiene que la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017 en el Parlament de Cataluña, aprobada por los grupos de Junts pel Sí y la CUP no fue “meramente simbólica”.
El Ministerio público defiende que la Generalitat tenía preparadas las estructuras y normas para desarrollar el “marco jurídico” de la República catalana.
También asegura en su escrito de calificación provisional, en el que pide hasta veinticinco años de cárcel para los líderes del proceso secesionista, que el gobierno autonómico catalán contaba con un plan para garantizar que los Mossos d’Esquadra asumieran el “control efectivo” de todo el territorio y la seguridad de todas las infraestructuras.
La Fiscalía rechaza la tesis de los abogados de los dirigentes separatistas encarcelados, que han alegado que la resolución con la DUI aprobada en el Parlament el 27-O no tuvo “valor jurídico” dado que el Parlament solo expresó una “voluntad política” en el ejercicio de la “legítima libertad de expresión” de “unos diputados”.
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