El 8 de octubre de 2017 hubo una gran manifestación en Barcelona contra el proceso independentista, convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que asistieron casi un millón de personas. Pese a ello, en la actualidad, los responsables de dicho proceso independentista son los que gobiernan en Cataluña y son los que pueden decidir el futuro gobierno de España y lo que éste vaya a hacer en el futuro.
Por otro lado, en julio de 1997 más de cinco millones de personas se manifestaron en toda España pidiendo a la banda terrorista ETA, que no asesinara al concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, al que mantenían secuestrado. Pese a ello, un exmiembro de ETA, condenado por secuestro, Arnaldo Otegui, actualmente coordinador del partido HE-Bildu, un partido que no ha condenado el terrorismo de ETA y que incluye en sus listas electorales a personas condenadas por pertenencia a ETA, es el candidato más probable para ganar las elecciones del 2024 en el País Vasco.
De todo lo anterior se desprende que es evidente que las grandes manifestaciones no han servido para acabar con el secesionismo. Esto lo saben muy bien los secesionistas y un ejemplo de ello lo tenemos en las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, que reconoció que había sido un error haber hecho una declaración unilateral de independencia, cuando el secesionismo en Cataluña no llegaba a superar el 50% de los votos, que la secesión sólo se podría conseguir cuando ese porcentaje fuera mucho mayor y que lo único que se debía hacer era esperar más tiempo.
Los secesionistas saben perfectamente que, simplemente manteniendo la situación actual, van a conseguir su objetivo, porque ellos han convertido la enseñanza en un instrumento de adoctrinamiento de todos los alumnos en sus ideas políticas, piensen lo que piensen sus padres. Además, cuentan con los medios de información (emisoras de radio, cadenas de televisión y prensa escrita y digital) que ellos controlan mediante sus subvenciones, para completar dicho adoctrinamiento fuera de las aulas, abarcando también así a los adultos.
Mientras que en los centros escolares de las comunidades autónomas gobernadas por partidos secesionistas se siga prohibiendo el poder utilizar el castellano para enseñar y se siga adoctrinando a los alumnos en el deseo de separarse del resto de España, el secesionismo seguirá creciendo. Y con él crecerá la probabilidad de que más partidos, que hasta ahora habían defendido la unidad territorial de España y la igualdad de todos los españoles, es decir el cumplimiento de la Constitución Española, dejen de hacerlo, para así poder presidir el gobierno de España. Es necesario, pues, un cambio radical en la enseñanza, empezando en las comunidades autónomas en las que el secesionismo ya había comenzado recientemente a controlar la enseñanza y que, a raíz de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, sus gobiernos han pasado a estar en manos de los partidos constitucionalistas, como son la Comunidad valenciana y la Comunidad de las islas Baleares.
Para revertir en ellas el proceso secesionista, sus correspondientes Consejerías de educación deben establecer que la lengua común de España, el castellano o español, junto con su lengua regional, se puedan utilizar para impartir clases de cualquier asignatura en igualdad de horas. Por otro lado, para los alumnos que sólo vayan a estar uno o dos años en esas comunidades, como son los hijos de los trabajadores que han sido destinados en ellas de forma temporal, se han de establecer líneas en las que todas las materias se puedan impartir en castellano.
Por otro lado, en la enseñanza de la historia de España se ha de resaltar lo que une a todos los españoles, cómo se han ido superando los inevitables enfrentamientos, al igual que ha sucedido en todas las otras antiguas naciones, los logros conjuntos y la unidad de todos los españoles en los momentos en los que España ha sido atacada. Es decir, se ha de intentar que los alumnos se sientan españoles y europeos, además de sentirse ciudadanos de su comunidad autónoma. Se podría criticar esta propuesta diciendo que esto también es un adoctrinamiento y sería cierto, pero se trata de un adoctrinamiento lícito, legal y obligado, dado que son alumnos españoles. Lo que no es lícito, es adoctrinar a los alumnos de una región en la aversión al resto del país al que pertenecen y en el que viven.
Otra de las cosas que deberían hacer las actuales consejerías de educación de la Comunidad valenciana y de la Comunidad de las islas Baleares, junto a todas las comunidades gobernadas por partidos constitucionalistas, es realizar pruebas conjuntas, es decir la misma prueba y durante los mismos días, para asegurar así que todos los alumnos reciben los mismos contenidos y el mismo nivel de enseñanza vivan donde vivan. Esto no está prohibido por la LOMLOE, sino que depende exclusivamente de la voluntad de querer hacerlo.
La prueba conjunta más urgente es la prueba de acceso a la universidad, la llamada selectividad o EBAU o PAU. Actualmente cada comunidad autónoma hace la suya y se da la situación de que hay alumnos que sabiendo más, obtienen una nota más baja que otros que saben menos, porque en su comunidad autónoma las pruebas son más exigentes. La consecuencia de esto es que si ambos quieren entrar en la misma universidad, los que saben menos pueden quitarles la plaza a los que saben más. Una injusticia que se debe evitar.
Por otro lado, como en la EBAU/PAU hay exámenes de todas las materias, incluidas la lengua castellana y la historia de España, con estas pruebas comunes se podría asegurar que en todos los centros educativos se imparte el mismo nivel de castellano y una historia de España que explica el origen de su unidad, sin que ello suponga perder su diversidad.
Antonio Jimeno. Presidente del sindicato de profesores AMES
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