En Cataluña, sobre todo en las zonas dominadas por el separatismo, no se margina en las escuelas por el color de la piel, sino por el idioma. Es la nueva versión del Alabama segregacionista de los años 50, a la catalana. Si un chaval es catalanoparlante, tendrá docencia en su lengua materna. Pero si el alumno es castellanoparlante los profesores colaboracionistas, y los comisarios lingüísticos de ERC, CUP y Junts, no solo no permitirán que reciba clases en español, también vigilarán que no lo hable ni en el comedor, ni en el patio.
No importa que haya sentencias judiciales que avalen el derecho a recibir un escaso 25% de clases en castellano: Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, ha dicho que no las acatarán. Y así está siendo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mira hacia otro lado, no sea que ERC le retire el apoyo parlamentario. En Cataluña está en juego son los derechos civiles, porque si violan los derechos civiles de un español, están violando los de todos. Y lo que está haciendo la Generalitat es convertir a centenares de miles de niños castellanoparlantes en ciudadanos de segunda.
Son muchos los que se han jugado el tipo, y han sido acosados por los activistas independentistas que dominan las AMPAS, los sindicatos de profesores y los claustros escolares, para que nuestros hijos puedan recibir docencia en español. Y merecen nuestro reconocimiento y apoyo. En una democracia no debería haber héroes, porque deberían ser las instituciones las que velaran por el cumplimiento de las leyes. Pero en Cataluña hace demasiado tiempo que no hay justicia, dado que el supremacismo nacionalista ha impuesto, ante la pasividad de los grandes partidos nacionales que han gobernado España desde 1977, un protectorado en el que gozan de impunidad.
Ni siquiera su intento de acabar con nuestra democracia mediante el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 ha supuesto el fin del virreinato secesionista. Los sediciosos fueron indultados y gozan en la actualidad de los partidos que integran la coalición de Gobierno. Los mismos que intentaron destruir nuestro Estado de derecho siguen dominando la Generalitat, TV3 y los principales ayuntamientos y diputaciones. Por supuesto, incumpliendo todas las leyes que no son de su agrado.
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