Las entidades soberanistas están llenando las redes sociales de amenazas y proclamas para ocupar con un millón de personas los aeropuertos, puertos, medios de comunicación, instituciones catalanas y a cortar las principales carreteras de la comunidad autónoma.
El hecho es meter miedo entre el constitucionalismo para que el Gobierno de España se avenga a negociar y reconocer a Cataluña como un objeto político diferenciado del resto de España.
La agitación en la calle no puede sustituir al derecho de voto libre y en igualdad de condiciones y con plenas garantías democráticas. Pero como los secesionistas saben que no tienen la mayoría social en Cataluña intentan conseguir sus objetivos con una defensa de las algaradas en la vía pública.
Sacar doscientas o trescientas mil personas a organizar tumultos no da la razón ni puede sustituir la voluntad de los millones de catalanes que tienen derecho al voto.
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