Jiménez Villarejo: “La declaración de independencia es una artimaña más del soberanismo” (y 2)

Una entrevista de Luis Caldeiro

El ex-fiscal Anticorrupción habla para ElCatalán.es tras la multitudinaria manifestación contra el independentismo del 8 de octubre y el amago de declaración de independencia por parte del presidente de la Generalitat.

 

ElCatalán.es: Que Cataluña sufre una fractura social parece incuestionable, incluso para los independentistas, que hasta hace poco lo negaban sistemáticamente. Sin embargo, el día anterior a la manifestación del 8 de octubre, Lluís Llach, diputado de Junts Pel Sí, publicaba en Twitter: “Mañana dejemos las calles de Barcelona vacías. Que los buitres no encuentren comida”. A la vista de estas expresiones, ¿cree que Cataluña ha dado un paso más allá y está embarcada ya en una dinámica de odio?

J.V.: Embarcada no lo sé, pero que hay manifestaciones de odio es evidente. Pero es que incluso la fiscalía especial dedicada a la investigación de delitos de discriminación y de odio ha abierto diligencias por tuits y mensajes en Facebook que expresan una actitud muy peligrosa, porque inducir al odio es inducir a la violencia, indirectamente. Me parece muy grave. El hecho más paradigmático se produjo en aquella escuela de Sant Andreu de la Barca, donde un profesor le espetó a un alumno, hijo de guardia civil, delante de toda la clase: “Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer”. Hecho que yo mismo denuncié a la fiscalía por medio de un correo electrónico, para que lo investigara. Me parece una expresión gráfica de hasta dónde se puede llegar por esta vía: Que un profesor, que se supone que tiene un nivel de cultura, de preparación; que ejerce un oficio basado en el respeto a sus alumnos, oficio que además exige neutralidad, imparcialidad, serenidad; que un profesor, repito, utilice en público expresiones así, es una muestra clarísima de que existe un discurso del odio que corre por ahí. Y ya veremos cómo se corta esto y cómo se le pone fin. Porque esos discursos del odio se propagan con mucha facilidad, como usted sabe muy bien. Vamos a ver cómo se acaban, por muchas investigaciones policiales o judiciales que se practiquen.

E.C.: Cambiemos de tercio. Voy a preguntarle por un hecho que ha tenido una importancia fundamental en estos últimos días: ¿Las cargas policiales del día 1 de octubre fueron proporcionales o desproporcionadas?

J.V.: Me parecieron desproporcionadas. Pero ojo, desproporcionadas dentro del contexto en que hay que situarlas: un contexto en que si los Mossos de Esquadra hubieran cumplido con su deber, a lo mejor esas cargas no se hubieran producido. Y con esto no las justifico, ni mucho menos. Ya he dicho en más de una ocasión que me parecieron desproporcionadas en relación al fin que se pretendía conseguir. Ahora bien: existía un mandato judicial que ordenaba a la Policía Autonómica actuar conjuntamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil -porque así lo dispone la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado-. Y en vez de actuar conjuntamente, tal como lo había establecido la jueza, los Mossos se quitaron de en medio. Y se dedicaron –como se ha visto en algunos videos- prácticamente a conversar con las personas que habían acudido a esos mal llamados “colegios electorales” -que no lo eran- para participar en unas “votaciones” -que no eran tales-. Eso facilitó que se produjera una desproporción de las fuerzas de seguridad en relación a la función que tenían encomendada. Función que era la siguiente: desde la seis de la mañana no se podía abrir ningún centro público, cerrando asimismo los que ya estuvieran abiertos. Y esta era una función que hubiera correspondido más a los Mossos de Esquadra que a la Policía Nacional o la Guardia Civil, porque los Mossos son los responsables de la seguridad de los centros públicos (los colegios, por ejemplo) que dependen estrictamente de la Generalitat, no del Estado. Y fue la práctica desaparición de la policía autonómica de esa función que tenía encomendada, lo que provocó que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieran que intervenir para que se cumpliera el mandato judicial. ¿Que lo hicieron de forma desproporcionada? De acuerdo. Pero hubo un elemento que facilitó esa desproporción: la inhibición de los Mossos de una función que les correspondía estrictamente a ellos, por ser mandato de un juez y por su condición de policía judicial de la Generalitat. Y por tanto, más obligados que la Policía Nacional y la Guardia Civil a cumplir las órdenes de la jueza, en los términos en que ésta las había dictado.

E.C.: Usted me habla de un hecho palmario, que fue la inhibición de los Mossos de Esquadra el día del referéndum del 1 de octubre. Pero ya el 20 de septiembre se había dado otra inhibición: la Policía Autonómica permitió que una multitud de 40.000 manifestantes sitiara el edificio de la Conselleria de Economía de la Generalitat, donde quedaron retenidos durante horas agentes de la Guardia Civil que habían entrado para practicar diversas diligencias. Sus coches patrulla también fueron destrozados. Con este precedente, ¿el Gobierno Central pecó de ingenuidad al volver a confiar en que los Mossos cumplieran sus funciones de policía judicial? ¿No debería haber previsto una nueva inhibición y tomar precauciones?

J.V.: Cuando se produjeron los hechos del 20 de septiembre, los guardias civiles se comportaron con una dignidad extraordinaria. Porque, frente a la pasividad de los Mossos de Esquadra, soportaron toda tipo de insultos, gritos, agresiones (puesto que destrozaron sus vehículos, como usted señala), etc. Es decir, se comportaron, como recordé en un escrito, tal como ordenó el General Batet a las fuerzas a su mando -guardias civiles en su mayoría- que contuvieron a las tropas franquistas a las puertas de Barcelona: “comportaos como si estuvierais ciegos, sordos y mudos”. Palabras que, por cierto, recuerda Paul Preston en una de sus grandes obras sobre la Guerra Civil. Así obraron los guardias civiles el 20 de septiembre: como “ciegos, sordos y mudos” ante las agresiones de una multitud enfervorizada y enfurecida contra ellos por haber entrado en la sede de unos cargos públicos que estaban a punto de ser imputados por abuso de poder. Repito, ese día se condujeron con una dignidad extraordinaria. Lo cual dio un vuelco el día 1 de octubre, como ya hemos hablado, pero ahí hay causas concomitantes que no lo justifican, pero que de alguna manera lo explican.

E.C.: ¿Entonces no pecó de ingenuidad el Gobierno Central, el día del referéndum?

J.V.: No, en absoluto. Aparte de que la Policía Nacional y la Guardia Civil estaban bajo el mandato judicial, en todo caso.

E.C.: ¿Pero no cree que el Gobierno podría haber tomado alguna  medida preventiva para tener controlados a los Mossos y asegurarse su fidelidad?

J.V.: ¡Pero es que la fidelidad de los Mossos está garantizada, debe estar garantizada, por la Conselleria de Interior de la Generalitat! El Gobierno Central tiene un poder limitado sobre los Mossos de Esquadra, ojo. Lo tiene en la medida en que es policía judicial, pero a través de intermediarios como la Conselleria de Interior de la Generalitat. Es una competencia concedida al gobierno autónomo. En virtud de los pactos de Jordi Pujol con José María Aznar, todo hay que decirlo.

E.C.: Vamos, que poco podía hacerse.

J.V.: Yo creo que no: el control de los Mossos de Esquadra es una competencia exclusiva de la Generalitat, faltaría más.

E.C.: Recientemente, acudió al programa La Sexta Noche el gran periodista Ferran Monegal, que se distingue por su imparcialidad a la hora de hacer crítica de televisión. Tanto es así, que él mismo confiesa que tiene problemas para encontrar trabajo de periodista en Cataluña por ser crítico con TV3. Pues bien: Monegal afirmaba que no entendía por qué el Gobierno Central no actuó de manera más “quirúrgica” el día del referéndum. En concreto dijo que se podía haber acudido a las tres de la madrugada a los colegios y haberlos precintado. ¿Por qué cree que, de entre todos los operativos posibles, se escogió el más aparatoso y agresivo, el que regaló a los independentistas la foto victimista que buscaban, contribuyendo decisivamente a internacionalizar el conflicto?

J.V.: Yo no sé si a las tres de la madrugada se podría haber hecho algo distinto. Muchos de los colegios donde hubo estos conflictos estaban ya ocupados por familias con sus hijos. Que es ese es otro tema: ¿Cómo las familias, en ese clima de adoctrinamiento nacionalista que hay en Cataluña, pueden llevar a sus hijos menores de edad a dormir a escuelas donde se sabe que va a haber un conflicto, porque se ha prohibido que se conviertan en colegios electorales? Las familias que fueron desalojadas a las seis o a las siete de la mañana ya estaban igualmente allí, a las tres. O sea, que no había diferencia, en ese sentido. Por tanto, no creo que hubiera ahí un exceso de maldad. Hicieron lo que tenían que hacer, y ya está. El problema es que, claro, cuando te encuentras con una sociedad adoctrinada, donde las familias pasan la noche durmiendo en colegios que están llamados a ser centros electorales, realmente es difícil encontrar una salida que salve todos los problemas que eso puede acarrear. Es difícil.

E.C.: Como usted seguramente sabrá, desde el lado independentista se ha bautizado al “Procés” con el nombre de la revolució dels somriures (“La revolución de las sonrisas”), en alusión a su carácter pacífico, cívico, incluso festivo.

J.V.: Sobre todo por parte de las CUP, ¿no?

E.C.: Bueno… con todos los peros que usted quiera, pero el hecho es que la propaganda nacionalista, en todos los ámbitos (artículos de prensa, tertulias, etc.), insiste en este carácter “cívico” del movimiento. Cuando usted contempla cómo las familias independentistas llevan a sus hijos a dormir a colegios donde potencialmente puede haber altercados, ¿no le parece que hay una vertiente oscura o sórdida en algo que se presenta cuidadosamente bajo el envoltorio de “civismo”?

J.V.: No, yo lo que pienso es que hay es una gran ingenuidad en estos sectores sociales adoctrinados en el nacionalismo. Bastante ingenuidad. Pero, vamos, a mí francamente me parecen incompatibles las “sonrisas” con los tuits agresivos que usted me acaba de leer. ¿Son compatibles con las palabras de Lluís Llach o de Gabriel Rufián? ¿Son compatibles con las declaraciones de Joan Tardà, cuando compara el “Procés” independentista con la lucha antifranquista, una especie de esperpento que no sé cómo se le ha podido ocurrir -evidentemente no debe de saber lo que fue la lucha antifranquista, era muy jovencito-. Hay demasiadas afirmaciones muy ofensivas, que no tienen nada que ver con las sonrisas. Nada. Todo lo contrario. Expresan agresividad.

E.C.: Hablando de afirmaciones agresivas, no sé si sabe usted que Antoni Castellà, diputado de Junts Pel Sí y líder de Demòcrates de Catalunya (la escisión independentista de Unió, antiguo socio de Convergència) hizo recientemente unas manifestaciones en relación a los 900 intelectuales y artistas de izquierdas -entre los que se cuenta usted- que firmaron un manifiesto calificando el referéndum de “estafa antidemocrática” y llamando a no participar en él. Castellà dijo que “constatamos que el manifiesto de los 900 intelectuales responde a una actitud mercenaria a las órdenes de quien les paga”. Y añadió: “Mirando quien firma el manifiesto, sólo puede responder a tres motivos: que los firmantes han perdido la condición de intelectuales, poco probable; dos, proceso de conversión al ultranacionalismo español; o tercero y más probable, que la mayoría de los firmantes han desarrollado sus carreras profesionales gracias al apadrinamiento de los diferentes gobiernos del PSOE”. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones?

J.V.: ¿Las órdenes de quien nos paga? ¡Pero si tuvimos que pagarnos nosotros la publicidad del manifiesto! (ríe)

E.C.: Dentro de este movimiento se encontrará afirmaciones como ésta, no le extrañe.

J.V.: Cuando se hizo público el manifiesto, la  publicación la pagamos todos y cada uno de los firmantes mediante aportaciones a una cuenta corriente que nos dieron. Punto. No cobró nadie nada (sigue riendo). He hecho muy pocas cosas en mi vida pagándome alguien algo. Yo creo que nada, nunca. Desde el punto de vista político, me refiero.

E.C.: Venía a decir que ustedes, los firmantes, escribían al dictado del PSOE, que es quien les había “aupado” profesionalmente.

J.V.: He tenido contacto personal con algunos de sus miembros, comparto ideas con ellos y he coincidido en algunos actos públicos con dirigentes del PSOE, pero nada más…

E.C.: Es una manera como otra cualquiera de desprestigiarles o desvirtuarles.

J.V.: Bien, pero es que construir una alternativa sobre la base de la mentira sistemática, de la adulteración de los hechos, etc., ya los define. Si es que no hay más que leer sus “leyes”, las que aprobaron los días 6 y 7 de septiembre: eso no son leyes, son panfletos, en el peor sentido de la palabra. Además, como panfletos están muy mal hechos. Y como leyes, son un desastre. Ya lo dije hoy en otra entrevista que me han hecho en una emisora: la ley del Referéndum pero sobre todo la de Transitoriedad Jurídica de esa hipotética nueva república tienen connotaciones totalitarias clarísimas. Sobre todo cuando se analiza desde la perspectiva de los que hemos luchado por un estado democrático de derecho durante la dictadura.

E.C.: ¿Por qué dice que tiene “connotaciones totalitarias clarísimas”?

J.V.: Porque esta última ley crea una “asamblea constituyente” que ningún juez, tribunal o cualquier otra institución puede impugnar en absoluto; por tanto, inmune y fuera de cualquier tipo de control: eso es totalitarismo. Artículo 88.2 de la ley de Transitorietat Jurídica.

E.C.: ¿Como jurista, qué opinión le merece esta “pirueta legal”?

J.V.: Hablamos siempre en términos hipotéticos, porque yo espero que nada de esto se lleve a cabo, pero me parece gravísimo. Esta transición de un régimen a otro a través de asambleas que se llaman “constituyentes” y que prácticamente están fuera de todo control externo… Eso es puro totalitarismo. Eso serían, para entendernos, las cortes franquistas.

E.C.: ¿Usted cree que las cargas policiales del día 1 de octubre, con sus imágenes de brutalidad policial, han contribuido a “blanquear” (por emplear un término que le será familiar por su condición de ex-fiscal anticorrupción) o justificar todos los abusos y arbitrariedades que ha cometido el “Procés” indepedentista, incluyendo las leyes a las que aludía, por ejemplo?

J.V.: Yo creo que no. Les han beneficiado, evidentemente, pero pienso que ya ha desaparecido ese “clima” que provisionalmente les favoreció. Entre otras cosas, está a punto de caer la sentencia del Palau de la Música; la sentencia contra Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por el caso de corrupción llamado caso Pretoria; toda la familia Pujol está imputada y pendiente de juicio y Jordi Pujol i Ferrusola, el hijo mayor, está en prisión desde hace muchos meses… Por tanto, si lo que pretenden con la independencia es borrar todo eso -porque ése puede ser uno de los objetivos-… lo que tienen en este momento por delante es un panorama terrible de estallido de la corrupción en la cara del independentismo. Entonces, a partir de ahí, ya hablaremos.

E.C.: Precisamente una de las teorías que corren es que uno de los objetivos inconfesables del “Procés” siempre fue exonerar a los responsables de la corrupción en Cataluña.

J.V.: Evidentemente. ¡Yo lo he tenido clarísimo desde el principio! Pretenden evitar la posibilidad de condenas y cumplimiento de penas por parte de los dirigentes de la antigua Convergència (hoy PDCat) que están condenados o pendientes de juicio, entre ellos los implicados en el caso Palau de la Música, que fue un escándalo fenomenal, y que ahora va a resucitar a través de la sentencia que se va a dictar en breve.

E.C.: ¿Qué opina de lo ocurrido en el Parlament de Cataluña, es decir, de una declaración de independencia que inmediatamente es suspendida para, en teoría, abrir un período de diálogo?

J.V.: Es un mero aplazamiento de la declaración unilateral de independencia (DUI) forzado por la multitudinaria manifestación del día 8 y la fuga masiva de empresas fuera de Cataluña, especialmente del sector financiero. Pero la declaración que la apretada mayoría soberanista ha firmado al margen del Parlament es una respuesta al fracaso que han tenido hasta ahora. En definitiva, “constituyen la república catalana” y dicen “abrir negociaciones con el estado español”, al que en párrafos anteriores descalifican al tildarlo de “represor del pueblo catalán y de su gobierno”. Difícil, si no imposible, negociación. Es una artimaña más del soberanismo.

E.C.: ¿Cómo jurista, qué valor jurídico o legal tiene esta declaración de independencia?

J.V.: Si se queda en una mera proclamación verbal, por muy presidente de la Generalitat que sea, no tiene valor jurídico alguno, y por tanto, es un brindis al sol, para entendernos. Ahora bien, si se sustanciara en un proyecto que se somete a votación, entonces la cosa ya sería distinta: tendría efectos jurídicos evidentes, ante los que habría que reaccionar.

E.C.: Pero de todas maneras, aunque de momento sea un brindis al sol, mi impresión es que nos movemos, más que en un ámbito legal, de actos con consecuencias jurídicas, en el ámbito de los sentimientos, del simbolismo.

J.V.: Bueno, entonces es como si hubiera un período de crisis en un matrimonio. Pero si no llegan a romper…

E.C.: Es probable que el Gobierno Central acabe aplicando el artículo 155 de la Constitución, lo que supondría la intervención, por parte del Estado, de la autonomía catalana. Los partidos independentistas ya han anunciado que no acatarán esta medida y que incluso podrían llegar a boicotear unas posibles elecciones autonómicas anticipadas, resultado de la aplicación de este artículo.

J.V.: Es una muestra más de su carácter totalitario. ¿Un político por qué ha de tener miedo a un proceso electoral, si la legitimidad le viene de los ciudadanos y ciudadanas que le votan? No tiene otra.

E.C.: Pero supongamos que el Estado intenta aplicar el artículo 155  y el gobierno catalán y los partidos independentistas desobedecen, ¿en qué escenario nos encontramos?

J.V.: No lo sé. Ya veríamos. Hoy por hoy están dentro del Estado Español y, por tanto, tendrían que cumplir y someterse al artículo 155. Si no, al código penal, si procediera. Aunque en estos momentos no lo tengo tan claro, habría que estudiarlo.

(Aquí, la primera parte de la entrevista)

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