Con motivo de la celebración en el Parlamento de Cataluña de la aprobación del décimo aniversario de la Ley de Educación de Cataluña (Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación), la Asamblea por una Escuela Bilingüe quiere poner de manifiesto a la opinión pública:
PRIMERO.- Que este aniversario se celebra poco después de la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2019, de 11 de abril de 2019 que ha declarado nula una parte significativa de la ley original por invadir competencias estatales y ha realizado una interpretación de sus preceptos para adaptarla al Texto constitucional.
SEGUNDO.- En estos diez años esta ley se ha convertido en una herramienta clave en la estrategia de construcción nacionalista de una sociedad catalana separada del resto de España, Para ello, se han debilitado en la educación de los alumnos los elementos que nos unen a los catalanes con el resto de los españoles, en especial la enseñanza en castellano que ha dejado de ser lengua vehicular en la práctica totalidad de los centros educativos de Cataluña, tal como la AEB ha demostrado en el reciente informe sobre los proyectos lingüísticos: https://www.aebcatalunya.org/images/Informe_ProyectosLinguisticos_1.pdf
El preámbulo de la ley ya advertía de este propósito al incluir entre las justificaciones de la ley las razones culturales y cívicas, que
“están impulsadas por la voluntad de configurar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la cual la lengua catalana resulte un factor básico de integración social”.
Y añadía:
“Cataluña es un país con una cultura y una lengua que configuran una identidad propia. El sistema educativo catalán debe permitir despertar y potenciar el arraigo en Cataluña. Sólo desde el conocimiento de lo propio es posible abrirse a las otras realidades y reconocer sus singularidades”
TERCERO.- En estos diez años esa declaración de intenciones se ha traducido en que:
– La cultura común es la cultura nacionalista, limitada a los referentes catalanistas y ajena a los elementos culturales comunes con el resto de españoles.
– El reconocimiento del catalán como elemento valioso de nuestra cultura y de nuestra sociedad, se ha hecho a costa de la exclusión del castellano; una exclusión de una enorme gravedad que merece un tratamiento específico que abordaremos un poco más abajo.
– La utilización e instrumentalización política de la escuela al servicio del relato nacionalista.
CUARTO.- El texto de la Ley se ha convertido en un instrumento supremacista, de discriminación y de división dentro de la sociedad catalana y a ello ha contribuido la implantación de un régimen lingüístico discriminatorio con los alumnos castellanohablantes que ha sido cuestionado en los Tribunales de Justicia y por el Parlamento europeo, puesto que en la práctica el catalán ha devenido en la única lengua vehicular y de aprendizaje.
El examen de los proyectos lingüísticos de centro que ha realizado la AEB muestra que excepto en aquellas escuelas en las que se han presentado recursos ante los tribunales, el castellano no es lengua vehicular ni de aprendizaje fuera de las horas dedicadas a la enseñanza de lengua española (0 horas hasta los 6 años, 2 horas a la semana entre los 6 y los 12 años y 3 horas a la semana entre los 12 y los 16 años). El castellano tampoco se usa en la rotulación de los centros ni en las comunicaciones con las familias.
La Generalitat desprecia las reiteradas sentencias judiciales que declaran la ilegalidad de la práctica administrativa de la Generalitat de exclusión del castellano y continúa con el propósito nacionalista de homogeneizar la sociedad mediante la exclusión del castellano continúa.
CUARTO.- La Ley de Educación de Cataluña ha sido también la piedra angular sobre la que se ha construido el régimen de instrumentalización de la escuela y adoctrinamiento que padecemos.
Sabemos que estas acusaciones resultan incómodas y que muchos prefieren mirar para otro lado; pero no podemos callar ante algo tan grave: los libros de texto que se utilizan en los colegios catalanes no realizan una presentación objetiva de la historia y de la sociedad, sino que inciden en aquellos elementos que refuerzan el relato nacionalista y profundizan en la separación de Cataluña con el resto de España. Esto ha sido ya probado en varios informes que han sido acogidos por el Defensor del Pueblo y que han sido presentados a otras instancias. Informes que, por cierto, no han podido ser presentados ante el Parlamento de Cataluña.
La instrumentalización ha ido más allá de los libros de texto: las actividades escolares y extraescolares y la utilización política de los centros, especialmente grave en el entorno del 1 de octubre de 2017, han llevado a una politización de los mismos, como la AEB demostró en su informe https://www.aebcatalunya.org/images/conclusiones-esp.pdf
QUINTO.- La Ley de Educación de Cataluña ha sido causa de división y enfrentamiento en la comunidad educativa y ha perjudicado gravemente a la comunidad lingüística castellanohablante en Cataluña
SEXTO.- Por ello, invitamos a elaborar una nueva Ley de Educación de Cataluña que sirva para construir un consenso educativo, un consenso que no puede hacerse al margen de los derechos de todos; un consenso que ha de implicar; entre otras cosas la presencia equilibrada en la educación tanto del catalán como del castellano; un consenso que destierre el adoctrinamiento y la instrumentalización política de la escuela. Un consenso que sea fiel al carácter plural y diverso de la sociedad catalana.
ElCatalán.es ha iniciado una campaña de crowdfunding para editar un libro dedicado a analizar y denunciar el adoctrinamiento escolar en los centros educativos en Cataluña. Los interesados en ayudar económicamente para poder sacar adelante este proyecto pueden hacerlo en este enlace.
Los partidos secesionistas han decidido que las escuelas catalanas no han de ser centros de educación, sino de adoctrinamiento escolar, en el que crear futuros votantes de la República catalana que ansían crear. Para eso no dudan en intentar utilizar las aulas para sus fines.
Este libro hablará con profesores, padres de alumnos y miembros de entidades cívicas constitucionalistas para denunciar la manipulación de la Generalitat en el ámbito escolar.
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
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