El pulso político catalán vuelve a trasladarse a los juzgados de Barcelona. La entidad separatista Acció Cassandra ha formalizado una querella contra agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra. El motivo es el desalojo de unos 600 cantores del interior de la Sagrada Família. El incidente ocurrió durante el solemne acto de bendición de la torre de Jesús, presidido por el papa León XIV.
Los denunciantes sostienen que la expulsión respondió a motivos puramente ideológicos. Según el colectivo, los agentes actuaron al detectar que algunos asistentes portaban pequeñas banderas esteladas. Además, la organización afirma que el grupo tenía la intención de entonar el himno autonómico de *Els segadors* en pleno recinto sagrado. El despliegue de seguridad, argumentan, buscaba evitar cualquier atisbo de reivindicación nacionalista ante el Pontífice.
La querella no se limita a criticar el desalojo del templo, sino que denuncia la gestión del orden público en el exterior. Los abogados de la entidad sostienen que los cantaires sufrieron un «encapsulamiento» en la vía pública por parte de los efectivos policiales. Esta maniobra de retención perimetral, recuerdan, cuenta con severas restricciones por parte de la jurisprudencia de los tribunales europeos. Para los denunciantes, la medida careció de cualquier justificación real de seguridad.
Acusan formalmente a los agentes intervinientes de detención ilegal cometida por funcionario público. La pelota se encuentra ahora en el tejado de los juzgados de la capital catalana. Un magistrado de Barcelona deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la querella criminal. La entidad ya ha solicitado personarse en la causa bajo la fórmula de la acusación popular.
El presidente de la asociación y abogado del caso, Lluís Gibert, se ha mostrado contundente a través de un comunicado. A su juicio, lo sucedido bajo las naves de Gaudí sobrepasa cualquier error de coordinación o anécdota protocolaria. El letrado define la actuación policial como un operativo de fuerza desmedido. Para la entidad, el comportamiento de los agentes encaja perfectamente en tipos penales que van desde el abuso de autoridad hasta el odio ideológico.
La lectura del constitucionalismo ante este nuevo frente judicial es, sin embargo, muy distinta. Y es que la constante instrumentalización de los espacios públicos y religiosos por parte del soberanismo es asfixiante y merece que se le paren los pies. Pretender convertir la bendición papal de un templo global en un mitin político es una provocación innecesaria, máxime en un acto solemne y de Estado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan bajo criterios de neutralidad y prevención, especialmente en eventos de máxima alerta internacional.
El relato victimista vuelve a activarse con rapidez en los canales habituales del secesionismo. Se intenta equiparar un dispositivo estándar de seguridad ciudadana con una persecución política sistemática contra la cultura catalana. La realidad es que portar símbolos de división en una ceremonia litúrgica de tal magnitud altera la naturaleza pacífica del evento. La policía tiene la obligación legal de garantizar que los actos internacionales se desarrollen con el máximo respeto y sin incidentes de orden público.
Cataluña asiste así a un nuevo capítulo de su interminable judicialización de la vida pública, alimentada por colectivos que confunden la libertad de expresión con la agitación institucional. Mientras los tribunales deliberan, la Sagrada Familia recupera la normalidad tras un episodio que empañó una cita histórica. La firmeza de la ley y el sentido común institucional deberán prevalecer frente a quienes pretenden politizar hasta los acontecimientos religiosos más universales.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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