El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha revelado que fueron algunos de los propios miembros de los coros quienes delataron las intenciones de sus compañeros a los obispos. Según explicó en una rueda de prensa celebrada este martes, la jerarquía eclesiástica recibió soplos internos sobre un «intento de intervención de grupos independentistas» en lo que iba a ser el acto central y más relevante de la histórica visita del papa León XIV a Barcelona.
Aunque Argüello admitió que todavía no dispone del informe oficial definitivo sobre los acontecimientos, confirmó que contaban con información de primera mano sobre el boicot que se estaba gestando desde el interior de las agrupaciones musicales. Los detalles de la presunta acción coordinada apuntaban a una protesta de carácter político meticulosamente preparada para sorprender a las autoridades.
El jefe de los obispos españoles detalló que varios cantantes les desvelaron maniobras sospechosas, como cambios de última hora en las partituras con el objetivo de ocultar banderas esteladas entre las páginas de los libretos. Asimismo, el prelado aseguró que «algún grupo tenía preparado» un despliegue que incluía la exhibición de símbolos soberanistas, proclamas a favor de la secesión y el canto reivindicativo de *»Els segadors»* en las mismas escalinatas del templo diseñado por Antoni Gaudí.
Al verse alertados por la Iglesia y confirmar la veracidad de los hechos, los cuerpos de seguridad del Estado y de la Generalitat procedieron a intervenir de forma inmediata por motivos de protocolo y seguridad. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional modificaron el recorrido planificado y obligaron a los coristas a salir del recinto por una puerta diferente a la prevista, cancelando por completo su intervención. Como consecuencia de este dispositivo de dispersión, los 600 cantantes quedaron excluidos de la escena final de la ceremonia litúrgica, perdiendo la oportunidad de participar en el momento cumbre del evento.
Ante la neutralización de la protesta, Argüello se mostró satisfecho y celebró que la rápida actuación policial lograra frustrar el objetivo de los activistas. Para el presidente de la CEE, la prioridad absoluta era evitar que se realizara un «gesto» de fuerte carga ideológica ante la presencia del pontífice León XIV, el rey Felipe VI y el resto de los representantes institucionales que abarrotaban el templo. La cúpula eclesiástica consideraba intolerable que una celebración de tal magnitud internacional se instrumentalizara políticamente o se convirtiera en un mitin reivindicativo que empañara la proyección de la visita papal.
A pesar de las felicitaciones eclesiásticas por haber evitado el sabotaje, el conflicto organizativo está lejos de cerrarse y ha tomado una preocupante deriva legal. Mientras las autoridades correspondientes terminan de esclarecer la versión final de la cadena de órdenes, el caso ya ha cruzado la línea parlamentaria para instalarse directamente en los juzgados. El polémico desalojo masivo de los coralistas se ha traducido en demandas judiciales formales, en las cuales se acusa explícitamente tanto a los Mossos como a la Policía Nacional de presuntos delitos de detención ilegal, estirando una crisis que promete traer cola.
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