La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno central, acusará a los líderes secesionistas catalanes en prisión preventiva de sedición y malversación, y descarta la rebelión.
Este órgano depende del Ministerio de Justicia, y ha descartado este delito, el más grave de la causa abierta por el proceso secesionista en el Tribunal Supremo.
Esta decisión contrasta con la posición de la Fiscalía, que sí prevé atribuir el delito de rebelión a los dirigentes secesionistas.
La Fiscalía sí considera que el proceso separatista asumió los brotes de violencia, que tuvieron lugar en el acoso a la Guardia Civil y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, como un medio para alcanzar independencia de Cataluña respecto a España.
La rebelión agravada con malversación puede implicar entre quince y treinta años de prisión. La sedición más la malversación pueden sumar desde un mínimo de catorce años a un máximo de veintisiete, aunque la pena se puede reducir si los condenados devuelven el dinero malversado.
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