España es un país donde la contradicción se ha convertido en norma, donde el juicio público no se basa en principios universales sino en afinidades ideológicas. Aquí, el escrutinio no es igual para todos: los pecados de unos se convierten en sentencias inapelables, mientras que los de otros se diluyen en justificaciones piadosas.
Tomemos como ejemplo a Karla Sofía Gascón. La actriz, con un historial de declaraciones controvertidas que han levantado ampollas, ha sido crucificada sin posibilidad de redención. Su pecado no es solo lo que dijo, sino el lugar desde el que lo dijo. Si su discurso hubiese coincidido con el guion dominante, habrían surgido expertos para explicarnos el contexto, la ironía, el desahogo emocional. Pero no, a ella no le han concedido el beneficio de la duda. No porque sus palabras sean indefendibles —que lo son—, sino porque no encaja en el relato preestablecido.
Mientras tanto, Arnaldo Otegi, condenado por secuestro y con un pasado ligado a la violencia terrorista, es tratado como un hombre de paz. Se le invita a hablar de convivencia, se le escucha con respeto, se le presenta como un ejemplo de transformación democrática. Sus crímenes quedan archivados en la memoria conveniente de quienes deciden qué merece ser recordado y qué debe olvidarse en nombre de la reconciliación.
Y luego está Pablo Iglesias, el mismo que fantaseaba con «azotar hasta hacer sangrar» a una periodista, convertido en adalid del feminismo. Se nos dice que su frase fue sacada de contexto, que era un chascarrillo privado, que no tiene relevancia. Pero si esa misma expresión hubiera salido de la boca de otro, de alguien ajeno a la tribu correcta, se le habría señalado como un símbolo del machismo estructural y su carrera estaría acabada. Aquí, las palabras no significan lo que significan, sino lo que conviene que signifiquen.
La doble vara de medir no es un fenómeno aislado, sino una doctrina aplicada con precisión quirúrgica. No se trata de defender lo indefendible ni de absolver a quienes han cometido errores, sino de exigir un criterio único. Si los excesos verbales de unos les condenan de por vida, ¿por qué los de otros se justifican? Si el pasado de un individuo es imborrable, ¿por qué el de otro se reescribe a conveniencia?
España se ha convertido en un país donde no importan los hechos, sino quién los protagoniza. Y mientras la verdad siga dependiendo de la bandera que ondee, mientras sigamos midiendo con esta balanza trucada, la única certeza es que el dogma seguirá marcando la pauta, y la coherencia, como siempre, será una nota a pie de página en la historia de lo que pudo haber sido un país más libre.
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