Si la nueva Ley de Consumo Sostenible que acaba de proponer el Gobierno de España fuera una lavadora, estaría diseñada para romperse al tercer centrifugado. Aunque, eso sí, con garantía ampliada. Porque si algo ha conseguido este Gobierno con su flamante anteproyecto es vendernos una pieza de propaganda ecológica envuelta en celofán ideológico: una norma pensada más para la foto en el hemiciclo que para mejorar la vida cotidiana de nadie.
Una de las medidas estrella es la prohibición de anunciar coches de gasolina o diésel. A estas alturas no sabemos si el Ejecutivo, pretendidamente de izquierdas, legisla desde un Tesla o desde un TikTok, porque en su cruzada contra los combustibles fósiles se le escapa un detalle: la clase trabajadora sigue conduciendo lo que puede pagar. Y lo que puede pagar, con suerte, es un coche de segunda mano que contamina, sí, pero que arranca. Mientras tanto, los anuncios que sí veremos serán los del SUV eléctrico de sesenta mil euros, circulando por autopistas donde no existe el tráfico, el paro ni el euríbor.
Eso sí, ni una línea sobre los riesgos de incendio de las baterías de litio, que cuando arden no se apagan con un extintor. Se necesita un camión de bomberos y mucha suerte. Pero de eso no se habla. Lo importante es parecer moderno, aunque se legisle con una venda en los ojos y la otra en la conciencia de clase.
También se prohíben los anuncios de vuelos cortos si existe alternativa ferroviaria en menos de dos horas y media. Una decisión que en el mundo de PowerPoint suena estupenda, pero que en la España real hace aguas. Porque mientras las líneas de alta velocidad acumulan cortes eléctricos, retrasos, averías y megafonías que piden disculpas en diferido, el avión sigue siendo la opción más fiable y, a menudo, más barata. Pero lo importante no es llegar, sino contaminar menos mientras no llegas. Culpa tuya por no tener un Falcon.
La ley continúa con una joya de la ingeniería semántica: se prohíbe la publicidad del miedo. Nada de anuncios de alarmas, ni de seguros, ni de okupas. Parece que el problema no es la inseguridad, sino que te enteres de ella. Que tengas miedo, sí, pero solo del que toca. Porque si una empresa sugiere que pongas una alarma en casa porque han okupado cinco pisos en tu barrio, eso es manipulación emocional. Pero si el PSOE construye toda su campaña sobre “si tú no vas, ellos vuelven”, eso es pedagogía democrática. El miedo, parece, solo es peligroso cuando lo provoca un particular.
Entre tanto humo regulatorio, una medida se salva, y se salva con dignidad: el derecho a reparar. Por fin una norma que pone algo de orden frente a la obsolescencia programada, ese invento moderno que convierte lavadoras en juguetes rotos a los cinco años. La obligación de ofrecer repuestos durante diez años y ampliar garantías cuando el producto se repara es, sin duda, una mejora real para el consumidor. Y, por una vez, sin pretensiones poéticas.
Otra propuesta razonable, aunque más anecdótica, es limitar la reventa de entradas por encima del IPC. Nadie niega que haya abusos, pero el argumento que da el Gobierno resulta casi enternecedor: todo el mundo debe tener derecho a la cultura. Lástima que la mayoría de estas entradas sean para macroconciertos de artistas internacionales a 200 euros el asiento. Si lo que se busca es garantizar el acceso a la música, basta con abrir Spotify o YouTube. Cultura hay, otra cosa es el postureo.
Lo mismo ocurre con la reduflación: ahora, si el paquete de cereales tiene menos gramos pero cuesta lo mismo, deberán avisarte. Algo que suena bien, aunque no solucionará gran cosa si el supermercado sigue siendo un campo de minas inflacionario.
Y aquí es donde una empieza a sospechar que esta ley no busca ordenar el consumo, sino desviar la atención. Que no nace para arreglar problemas, sino para fabricar titulares. Que no está diseñada para servir al ciudadano, sino para cubrir al Gobierno. Porque hay que estar muy ocupado en no hablar de corrupción para dedicar tanta energía a regular si puedes o no anunciar un coche de gasolina o una alarma contra okupas.
Nada en este texto parece pensado para resolver, sino para provocar. Una ley diseñada no para gobernar, sino para entretener al ciudadano mientras el poder se ventila sus propios escándalos. Una lavadora programada para girar fuerte, hacer espuma y dejar lo importante fuera del tambor. Porque mientras se discute si el miedo puede anunciarse, nadie pregunta por los sobres, los contratos, los enchufes o los favores.
Y eso, con toda su retórica verde y su aroma a suavizante ideológico, es lo único verdaderamente sostenible en esta ley: su capacidad para mantener la porquería institucional fuera del foco y bien centrifugada.
NOTA: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
