Podría parecer una broma pesada, pero no lo es. El grupo parlamentario de Junts en el Congreso de los Diputados pretende que el delito de malversación no sea tal si cuando se malversa viene precedido por una promesa electoral. Este es el nivel de impunidad que quiere tener algunos diputados independentistas.
Junts pretende eximir así que cualquier responsabilidad penal a los cargos secesionistas que desviaron fondos públicos de forma ilegal, para organizar el referéndum ilegal de independencia del 1-O. No se lucraron personalmente y además cumplían una promesa electoral de su partido, según la tesis defendida por Miriam Nogueras, diputada de Junts en la cámara baja.
La líder de Junts en el Congreso de los Diputados ha explicado este jueves, en una entrevista concedida a la agencia EFE, que Junts quiere ir más allá de una simple «rebaja de penas» a los condenados por el intento de Golpe de Estado en Cataluña. Su formación pretende revertir la reforma del Código Penal de 2015 impulsada por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy.
«La corrupción se combate con el Código Penal en la mano, pero la acción política se combate en las urnas. Son los ciudadanos los que deben decidir quién quieren que gestione sus recursos», ha argumentado la separatista Miriam Nogueras, que ha insistido en que «no puede ser que por ejecutar un programa electoral legal, haya políticos que acaben en la cárcel«. Viven en una realidad paralela, y además se sienten impunes.
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