El Congreso de los Diputados fue testigo este miércoles de una nueva cesión simbólica, pero de extrema gravedad, por parte de Pedro Sánchez. Durante la sesión de control, el líder del PSOE no tuvo reparos en referirse a Cataluña y a España como entidades nacionales separadas. Al afirmar que su objetivo es hacer de ambas «países mejores», Sánchez compró el marco mental del independentismo para intentar salvar el tipo ante sus socios de legislatura.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, no dio tregua a un presidente que parece haber perdido la brújula constitucional. Nogueras acusó al Ejecutivo de utilizar a Cataluña como un simple «escenario de propaganda» mientras los catalanes, según su versión, sufragan los gastos del resto del Estado. «Pagamos la fiesta a España», llegó a espetar la diputada, utilizando un tono victimista que el socialismo actual ya no se atreve a rebatir con firmeza.
La derecha y el constitucionalismo asisten con estupor a este borrado de las fronteras de la soberanía nacional por parte del propio jefe del Gobierno. Al equiparar a una comunidad autónoma con el conjunto de la nación, Sánchez rompe con el lenguaje institucional básico. Es el peaje necesario para mantener una mayoría parlamentaria que cada miércoles le recuerda que su permanencia en la Moncloa depende de quienes quieren romper el país.
El choque dialéctico también derivó hacia la reciente regularización masiva de inmigrantes, una medida que Junts tacha de «imposición» aprobada por la puerta de atrás. Nogueras denunció que este proceso no se está dando en ningún otro rincón de Europa y que los costes recaerán sobre los ciudadanos catalanes. Para el partido de Puigdemont, el modelo de subsidios de Sánchez empobrece a la sociedad y choca frontalmente con su proyecto político.
Sánchez, atrapado entre la necesidad de defender su agenda ideológica y la dependencia de los siete votos de Junts, intentó justificar la medida. Según el presidente, la regularización es un reconocimiento de derechos a quienes contribuyen al crecimiento económico. Sin embargo, su incapacidad para poner límites a las exigencias de Nogueras demuestra que el Gobierno ha renunciado a ejercer como garante de la igualdad entre todos los españoles.
Es inaudito que un presidente del Gobierno de España adopte el plural para hablar de naciones dentro de un Estado que la Constitución define como indisoluble. Esta deriva lingüística no es un error, sino una estrategia calculada para seducir a un separatismo que nunca tiene suficiente. El PSC, mientras tanto, guarda un silencio cómplice ante una retórica que lamina la unidad nacional y alimenta el agravio comparativo entre regiones.
La crítica de Junts al modelo de país de Sánchez pone de manifiesto la fragilidad de una coalición pegada con alfileres. Los de Puigdemont rechazan el modelo de «subsidio» socialista, pero Sánchez prefiere ignorar estas diferencias ideológicas profundas con tal de seguir en el poder. La soberanía de las Cortes se ve comprometida cuando el presidente se ve obligado a hablar como un nacionalista más para no irritar a sus socios.
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