El presidente del Parlament, Josep Rull, ha abierto un nuevo frente institucional al mostrarse dispuesto a limitar la palabra de aquellos diputados que considera “incómodos” o “fuera de tono” en sus intervenciones. Entre ellos figuran nombres como Sílvia Orriols o Joan Garriga, representantes de formaciones que, con independencia de su orientación ideológica, han sido elegidos democráticamente y gozan de la misma legitimidad parlamentaria que el resto de diputados.
La intención de imponer filtros políticos o morales sobre quién puede expresarse y cómo hacerlo en la cámara catalana resulta, cuando menos, paradójica. Durante los últimos años, el Parlament ha sido escenario de excesos verbales y políticos de toda índole. Grupos como la CUP han utilizado la tribuna con total libertad para justificar la desobediencia institucional, la confrontación con el Estado o incluso la violencia política como herramienta de transformación social. En esos casos, ni la Mesa ni la Presidencia actuaron con la contundencia que ahora se reclama frente a diputados de signo contrario.
Este contraste evidencia una doble vara de medir que erosiona aún más el ya debilitado prestigio del Parlament. La institución que debería ser la máxima expresión del pluralismo político catalán se ha convertido en un espacio donde la libertad de expresión depende, cada vez más, de la orientación ideológica del orador. Se tolera el discurso rupturista y se castiga el incómodo.
La deriva actual no solo afecta al equilibrio interno de la cámara, sino también a la credibilidad de la democracia parlamentaria en Cataluña. No puede reivindicarse el “debate libre” cuando se pretende amordazar a quienes no se ajustan al relato dominante. El Parlament, antaño símbolo del autogobierno, se encuentra hoy atrapado entre la corrección política y el sectarismo.
Si algo ha perdido el Parlament en los últimos años, no es la compostura formal ni el orden reglamentario, sino la autoridad moral que emana del respeto a todas las voces, incluso —y especialmente— a las que incomodan. Recuperarla pasa por garantizar que el pluralismo no sea una consigna vacía, sino la base real del debate público en Cataluña.
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