El Ayuntamiento de Mollet del Vallés (PSC), tras una demanda presentada por Convivencia Cívica Catalana, ha eliminado el requisito del nivel B1 de catalán como requisito para una oposición de ayudante de oficios y jardinería. Ángel Escolano, presidente de la entidad, ha informado en redes sociales sobre esta nueva victoria legal.
Y es que en Cataluña se está produciendo una tensión creciente en torno al requisito lingüístico para acceder a la función pública local. Convivencia Cívica Catalana ha emprendido una ofensiva judicial y administrativa contra varios ayuntamientos que exigen niveles de catalán mucho más altos de lo que, según esta asociación, es razonable para el puesto convocado.
Su argumento es que estas exigencias suponen una barrera de acceso y una forma de discriminación —especialmente contra las personas hispanohablantes no catalanoparlantes—, al pretender excluirles del proceso de selección sin que el nivel requerido tenga una justificación proporcional al trabajo a desempeñar. Ya ha conseguido victorias similares en otros ayuntamientos socialistas, como el de La Roca del Vallès.
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