La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano ha interpuesto, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del Gobierno de la Generalitat que, por la vía de hecho, colocó una pancarta que reclama la “libertad de los presos políticos y exiliados”, en catalán y en inglés junto con un lazo amarillo, en el balcón del Palacio de la Generalitat, el pasado 27 de mayo, nada más concluir el periodo electoral.
El recurso contencioso-administrativo es consecuencia del silencio del Gobierno catalán ante el requerimiento que Impulso Ciudadano había hecho el día 5 de junio al Presidente Torra.
En el escrito se emplazaba al Gobierno para que retirase esta propaganda en el plazo de diez días que establece el artículo 30 de la Ley 2/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y que se le indicase si existía algún acuerdo o disposición que justificara la colocación de la referida pancarta.
La entidad constitucionalista ha solicitado al Tribunal que adopte como medida cautelar la retirada de la citada pancarta, dado que argumenta que «su retirada no perjudicará a los intereses generales y por la evidente apariencia de buen derecho que tiene la postura de Impulso Ciudadano, a la vista de los pronunciamientos reiterados de los tribunales a favor de la neutralidad política de las instituciones».
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