Los independentistas han impuesto su lenguaje, han conseguido que 1,3 millones de catalanes (tal y cómo vimos en las elecciones autonómicas del 14-F) se crean un relato falso, el de que Cataluña es maltratada (sobre todo fiscalmente) por el resto de España y que con la secesión se viviría mejor y habría más libertad.
También han copado los principales lugares de poder y prestigio de las administraciones públicas, las universidades y la sociedad civil. Pero no han ganado el partido. Todavía somos millones los catalanes que creemos que España vale la pena.
Pero necesitamos que nos apoyen, que no nos sintamos solos cuando tenemos que enfrentarnos a una maquinaria de propaganda muy eficaz y muy bien engrasada. Y, sobre todo, el Gobierno de todos los españoles ha de desmontar una a una las mentiras que los separatistas difunden. Y no darles balones de oxígeno como ‘mesas de diálogo’ que les puedan servir para consolidar su hegemonía política en Cataluña.
Hace falta un plan B. Yo quiero creer que sí lo hay, que España no se puede permitir el lujo que Cataluña se acabe separando por desidia de sus gobernantes. De ahí que espero que mis esperanzas sean una realidad.
Es imprescindible que, de una vez, alguien en las instituciones del Estado nos demuestre que existe una hoja de ruta para revertir los 41 años que nos llevan de ventaja los secesionistas desde que en 1980 Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat y comenzó su plan de “construcción nacional”, que luego se convirtió en el proceso separatista de Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y, posiblemente, de Pere Aragonès.
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