Estamos a pocos días del primer aniversario del 6 y el 7 de septiembre, y es necesaria más que nunca, ante la escalada verbal de algunos líderes secesionistas como Quim Torra, una reflexión serena sobre todas las barbaridades jurídicas que se cometieron en el Parlament en los plenos celebrados esos dos días.
Por ejemplo, la Fundación Rafael Campalans, ligada al PSC, ha convocado para el día 6 una mesa redonda para analizar aquellos hechos. Lo hará desde la perspectiva de la izquierda no secesionista, con dirigentes del PSC, el ex diputado de CSQEP Joan Coscubiela – uno de los más admirados por el constitucionalismo por una de sus intervenciones que motivaron los aplausos de los diputados no nacionalistas – y diversos académicos del entorno progresista.
Pero es necesario que todos, constitucionalistas y secesionistas, reflexionemos sobre cómo esos dos días se intentó amordazar a la oposición y excluir del sistema político catalán a más de la mitad de la población.
El 6 y el 7 de septiembre de 2017 la mayoría separatista del Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad, en unos plenos sin garantías jurídicas, con continuos avisos de los letrados de la cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias a los partidos secesionistas sobre las ilegalidades que estaban perpetrando.
Sería bueno que los dirigentes secesionistas detuvieran su huida hacia adelante, reflexionaran sobre lo que hicieron esos dos días y buscaran salidas, dentro de la legalidad, para que la sociedad catalana deje de ser una sociedad enfrentada.

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