La realidad social de las últimas semanas evidencia varios indicadores objetivos. En primer lugar, la falta de consenso de los partidos políticos, y sus correspondientes ramificaciones, sobre la importancia de la unidad en torno a la Constitución Española y el régimen democrático que nos ha permitido evolucionar como sociedad del siglo XXI.
Por otro lado, que el movimiento asociativo constitucionalista está fragmentado y se potencia su olvido por parte del Estado en aquellas comunidades autónomas que padecen retrocesos democráticos.
Se ha impuesto la fórmula del consenso selectivo, dónde los que han apoyado a una facción en el poder tienen derecho a quejarse de lo que crean conveniente: sea o no ajustado a Derecho y al resto se les dice que no sean alarmistas ni tan quejicas.
Todo ello mezclado con una involución de la separación de poderes potenciada con la imposición de una ministra de Justicia que se reconvierte en Fiscal General del Estado por orden presidencial.
A su vez, los profesionales de la seguridad pública son moneda de cambio político en Navarra y la situación de los diferentes colectivos profesionales es difusa con sometimiento a los vaivenes de la política.
Especialmente grave al encontrarnos en un nivel de alerta terrorista que necesita de continuidad operativa dado que el terrorismo global ataca implacable.
La frase recurrente sobre el concepto de democracia en España está más vigente que nunca: vivimos en una democracia de los partidos políticos. La democracia es lo que el partido político de turno considera conveniente y para ello no hay resorte, ley o poder del Estado que pueda oponerse.
En la comunidad autónoma de Cataluña tenemos ejemplos a diario de este concepto de la democracia de los partidos políticos, los cuáles acatan las leyes y obedecen a las instituciones oficiales que les parecen correctas para sus intereses y denuncian por ilegítimo a todo lo restante. Situación que ha llegado al Estado en forma de sinergia.
Y frente a esta situación caótica y de ausencia de división de poderes, la pregunta es: ¿qué les queda a las asociaciones y al ciudadano de a pie en general? Si me lo permiten, la guerra de guerrillas.
Valoren además una industria omnipotente de las fake news y de las informaciones orientadas a un público concreto. Se capta y adoctrina subliminalmente a las personas reforzando conceptos en los que creen o que encajan con sus creencias. Ello supone un importante riesgo de hiperventilación agresiva como hemos vivido en Cataluña.
Estamos en un bucle virtual que ha traspasado la frontera de la realidad e incluso domina las instituciones del Estado y los medios de comunicación, generando continuas corrientes ideológicas de opinión con simples mensajes cortos pero reiterados.
Todo ello nos induce a pensar que la geopolítica (y por tanto la geoeconomía) están presentes en estos movimientos subliminales de contenido ideológico político y que alguien mueve los hilos.
Un clima de confrontación socio político tan elevado no se genera en menos de una década, contaminando todas las estructuras del poder democrático. Aquí hay gato encerrado y deberíamos como sociedad, al menos, valorar la posibilidad.
Y mientras tanto, mantener la esperanza mediante actuaciones judiciales y sociales móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor y menos versátil, con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una acción judicial y social de desgaste.
David Hernández es presidente de Politeia
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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