La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil invita públicamente a todos los guardias civiles, asociados o no, a incluirse como perjudicados en el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que los tribunales obliguen al Gobierno autonómico de esta comunidad a cumplir su sentencia, en la que exige que al menos el 25% de las clases en los colegios y centros educativos de este territorio se desarrollen en castellano.
JUCIL presentó el 28 de marzo pasado un recurso por vía telemática ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC para reclamar la imposición a las autoridades catalanas del cumplimiento de la sentencia declarada firme en enero, en la que se indica que se deben «adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso», precisa la sentencia aún incumplida.
JUCIL, en coordinación con las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, reclaman que el fallo, definitivamente firme, tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano, al menos en un mínimo del 25% de las clases. «Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración autónoma no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia», afirma la secretaria general de JUCIL en Barcelona, Milagros Cívico.
Las tres organizaciones han suscrito hoy el empoderamiento ‘apud acta’ que prescribe el nombramiento un procurador ante el órgano judicial para la continuación del procedimiento iniciado el 28 de marzo con el recurso para demandar el cumplimiento de la sentencia declarada firme.
Cívico ha precisado que ni JUCIL ni las plataformas Hablemos Español o Convivencia Cívica Catalana «representan animadversión hacia el idioma catalán, ni hacia quienes se expresan en él, pero frente a quienes nos acusan que querer acabar con la supuesta inmersión en catalán debemos indicar que tal y como se plantea no es una inmersión, es más bien un intento de ahogamiento de los castellanoparlantes, que ven cómo la administración catalana, que supuestamente debería defender sus derechos, los desconoce y niega» ha continuado la representante de la asociación profesional de guardias civiles.
«Si sólo nos afectara a nosotros, a los guardias civiles, a los policías o a los funcionarios, quizá no sería tan importante. Pero afecta, y de una manera grave, a la conciliación de nuestras familias, a nuestros hijos que ven discriminados y vejados derechos que les otorga la Constitución, el ordenamiento jurídico y ahora, también el máximo tribunal de Justicia de Cataluña» ha concluido Milagros Cívico.
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