La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dirigente política que piensa que ni los votantes del Partido Popular ni de Ciudadanos forman parte del «pueblo catalán», ha denunciado ante la comisión política de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía que se celebra en Luxemburgo, la «persecución judicial» que según ella sufren los cargos electos de la cámara autonómica catalana por, en su opinión, «preservar la libertad de expresión».
En su intervención ante la comisión política de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), la presidenta de la cámara catalana que opina que media Cataluña no es «catalana» ha explicado que «la mayoría de la Mesa» del Parlament ha recibido una querella por permitir la tramitación de iniciativas de los grupos vinculadas con el proceso soberanista de Cataluña, sin aclarar que estas no contaban con el aval de la institución que vela por la legalidad de dichas propuestas, el Consejo de Garantías Estatutarias.
La cámara autonómica catalana, según Forcadell, padece una situación «insólita» ya que en su opinión el Gobierno que preside Mariano Rajoy exige a la Mesa que, por «razones políticas», censure iniciativas legislativas de los diputados y prohíba debates en los que se tratan temas sobre el proceso secesionista que vive Cataluña. «Una exigencia que nos hemos negado a cumplir para preservar la soberanía parlamentaria».
Forcadell no comentó las protestas de los grupos de la oposición por la iniciativa de los grupos secesionistas de intentar amordazar a la cámara, hurtando el debate en el pleno del Parlament mediante el procedimiento exprés para aprobar la leyes que los separatistas han definido como de «desconexión».
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