El gobierno de Pedro Sánchez se ha llevado en poco tiempo un par de revolcones considerables, el primero del Tribunal Constitucional que ha frenado en seco sus planes, y el segundo de la Comisión Europea, que ha avalado la decisión del Alto tribunal español.
La Comisión Europea (CE) avala al Tribunal Constitucional (TC), recriminando a Pedro Sánchez no haber consultado «las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales» a la hora de sacar adelante la reforma del Código Penal. Es evidente que la Unión Europea mira estos días con inquietud a España.
La posición de la Comisión Europea es clara. Bruselas lleva años clamando contra el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial e instando a Gobierno y oposición a cerrar inmediatamente la renovación de los vocales para, acto seguido, consensuar urgentemente también la reforma del sistema de elección, dando más poder a los propios magistrados, tal y como sugieren los estándares continentales.
El portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, ha remarcado que Bruselas sigue la situación de España «de cerca» y que vigila las reformas en el marco de su informe anual sobre el estado de derecho en los países de la Unión Europea.
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