¿Espectáculo o necesidad?

Muchos usuarios de Twitter comenzaron a sugerirlo en el mismo momento en que la noticia saltaba a los informativos de mediodía de todas las cadenas de televisión. El Govern de la Generalitat iba a convertir el registro de la Guardia Civil en el Palau, el Parlament, el Departament de Justícia, y el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en un elemento -coral- de victimización para dar la impresión de que esa inspección policial era una especie de espectáculo orquestado desde el Ministerio del Interior para deteriorar la imagen de las instituciones catalanas, cuyos representantes actuales se han erigido en promotores de la independencia de Cataluña a través del oscurantismo político, la negación jurídica y la evidente ausencia de soporte internacional.

Sin embargo, no se trata de ningún espectáculo, sino de una necesidad de índole ejecutiva (ejecución de requerimiento).

Recuerden ustedes que existe un precedente. En diciembre de 2016, el juez de El Vendrell (Tarragona), que investigaba el llamado ‘caso del 3%’ sobre la concesión de obra pública a cambio de comisiones, elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que señalaba que existían indicios contra Germà Gordó (exconsejero de Justicia de la Generalitat), que actualmente es diputado en el Parlament y, por tanto, goza de aforamiento. Dicho juez reclamó a la Generalitat las agendas oficiales de Gordó y la respuesta fue que era imposible aportarlas.

Ayer, sin embargo, se demostró que mediante la personación directa en dichas instituciones de miembros de la Guardia Civil y del fiscal anticorrupción, José Grinda, bajo el imperativo judicial de cinco requerimientos dictados por Carlos Ramos, magistrado del TSJC encargado del asunto, se han podido recuperar gran parte de los archivos que la Justicia necesitaba para poder continuar con la investigación.

Por lo tanto, de estos hechos se extraen conclusiones nada infundadas de una previa obstaculización y ocultación de información por parte de la Generalitat al juez de El Vendrell, que fue el primero en hacerse cargo de las pesquisas.

La investigación del TSJC se centra en averiguar si Germà Gordó medió en la concesión de contratos de mantenimiento para el Consorcio de Educación de Barcelona, para las obras del dique del Este y para la adjudicación de carreteras en Manresa y Ullastrell. En las agendas de un acusado, Francesc Xavier Tauler, (exdirectivo de Copisa) se encontró el siguiente apunte: “Germà. Obra Port. 40M/Consorci Enseny”. En otras agendas figuran anotaciones sobre reuniones con el exconsejero en las fechas en que se tramitaban los concursos de adjudicación de obra pública, y Josep Manel Bassols (de la empresa Oproler) reconoció ante el juez que el “Gregorio” que aparecía en sus notas era Germà Gordó.

Con todo, el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, aseguró en Twitter: “Colaboración con la justicia, toda. Espectáculos y humillaciones en el Palau que desde hace 6 siglos acoge la Generalitat, ninguna”. Turull hizo esperar a los agentes en las cocheras hasta que se pudieron marchar con la información requerida por el juez.

Señor Turull: espectáculo, ninguno. Se investiga un caso de corrupción muy grave y, como otrora quedó acreditado, sin la presencia explícita de esos agentes de la Guardia Civil a los que usted recluyó en las cocheras, ningún archivo de los requeridos se hubiese enviado a la sede de la alta magistratura catalana.

 

 

 

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