Entrevista a Manuel Toscano: “Es muy difícil justificar la secesión en una democracia”

Doctor en filosofía y profesor de filosofía moral en la Universidad de Málaga, Manuel Toscano publica regularmente sus instructivos análisis políticos en las páginas de Vozpópuli. Aquí, Toscano arroja luz sobre conceptos tan discutidos como “desobediencia civil”, “lengua propia” o “presos políticos”.

En un artículo cuestionaba que, tal y como aseguraba Quim Torra, el 1 de octubre fuera un acto de “desobediencia civil”. ¿Por qué no lo fue?

Es una idea que vienen repitiendo los portavoces del independentismo, pero hay razones para rebatirla. El desobediente civil no busca derrocar ni subvertir el orden constitucional de una sociedad democrática, sino denunciar el incumplimiento de sus principios apelando al sentido de justicia de sus conciudadanos. El 1 de octubre, en cambio, era parte de un plan organizado para quebrar ilegalmente el orden constitucional en Cataluña. De eso iban las leyes del referéndum y la desconexión aprobadas en el Parlament.

No menos importante, la cosa cambia sustancialmente cuando no son los ciudadanos sino las propias autoridades las que desobedecen las leyes y los mandatos judiciales, como sucedió en Cataluña. No puedo imaginar una subversión más clara de los principios del Estado de derecho, sin los que no hay democracia constitucional que merezca tal nombre.

También se ha mostrado en desacuerdo con Meritxell Batet, que dijo que “no se puede imponer la Constitución a dos millones de catalanes”.

Las palabras de Batet presentan las cosas del revés. Si hablamos de imposición, quienes quisieron imponer un proyecto político excluyente, saltándose la ley y poniendo en riesgo los derechos de sus conciudadanos, fueron los independentistas. Las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre dejaron poco lugar a dudas. El orden constitucional sirve como protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, incluyendo a los dos millones de independentistas. Por eso, lejos de ser una imposición, la Constitución garantiza las condiciones indispensables para el ejercicio de la participación democrática, la discusión publica y la expresión del pluralismo político de las que nos beneficiamos todos. Defenderla es defender las libertades de todos. También las de los simpatizantes del independentismo, que pueden defender su causa siempre que lo hagan por vías legales.

En un régimen democrático el respeto por las reglas del juego —que como digo garantizan la convivencia en libertad— no pueden subordinarse a que triunfe un determinado proyecto político. Una democracia pluralista requiere moderar razonablemente nuestras demandas y aprender a vivir con la frustración. El aprendizaje de la decepción debería ser parte de la política democrática, como lo es de la vida adulta en general.

Tanto los nacionalistas como los constitucionalistas catalanes suelen denunciar que en Cataluña existe un “déficit democrático”, si bien en sentido contrario. ¿Quién tiene razón?

Es muy difícil justificar la secesión en una sociedad democrática, por eso la estrategia independentista pasa por desprestigiar la democracia española, denunciando ante la opinión pública internacional la falta de libertades, el autoritarismo del Estado español, etcétera. Los hechos, sin embargo, son testarudos. Si vamos por ejemplo al índice internacional de calidad democrática elaborado por The Economist, sólo hay 19 democracias plenas en el mundo y España es una de ellas.

Por otro lado, hay que situar la crisis catalana en el contexto de una discusión más amplia sobre la democracia. Quienes coreaban aquello de ”esto va de democracia, no de independencia” tenían más razón de la que pensaban. Efectivamente, esto va de democracia liberal o iliberal; no otra cosa manifiestan los portavoces del independentismo cuando oponen la democracia a la Constitución o el imperio de la ley.

Los secesionistas, como ha apuntado Daniel Gascón, invocan una concepción plebiscitaria de la democracia, que sólo respeta los procedimientos si le convienen y niega el pluralismo de la sociedad catalana. El supuesto referéndum del 1 de octubre es la mejor prueba. Algunos vemos la sombra de Carl Schmitt tras esa concepción plebiscitaria de la democracia, por mucho que se revista de radicalismo democrático; es decir, el cuestionamiento de las instituciones liberales y el pluralismo en nombre del mito del pueblo homogéneo.

Recientemente, la asociación Plataforma per la Llengua fue objeto de polémica por espiar a niños de más de 50 escuelas públicas para comprobar si hablaban catalán en el patio. Pese a ello, la Generalitat ha defendido la labor de esta entidad, a la que ha otorgado 3,7 millones en subvenciones desde 2012. En su opinión, ¿es razonable la política lingüística que se aplica en Cataluña?

Cataluña es una sociedad plural con dos lenguas oficiales, donde la mayoría tiene como primera lengua el castellano. Sin embargo, la política lingüística de las autoridades autonómicas establece un régimen de bilingüismo asimétrico a favor del catalán y en detrimento de los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes. Detrás de lo cual es fácil ver la concepción nacionalista de la lengua. He defendido que el concepto de lengua propia vicia fatalmente esa política lingüística al elevar la lengua autonómica a seña de identidad de un pueblo, con independencia de cual sea la lengua real que usan los ciudadanos en sus intercambios. La consecuencia es clara: si la lengua considerada propia no es la lengua de uso habitual o socialmente mayoritaria, ello representa una anomalía que hay que corregir por medio de la ingeniería social. No se trata, por tanto, de gestionar de la manera más equitativa los derechos lingüísticos de los ciudadanos en una situación de bilingüismo social, sino de usar la política lingüística como palanca de la construcción nacional.

La mal llamada inmersión lingüística en la escuela catalana es buena prueba. Hay que recordar lo excepcional que resulta. Como señala Mercè Vilarrubias, no es fácil encontrar otro sistema educativo donde un niño no pueda ser escolarizado o desarrollar buena parte de su currículo en una lengua oficial hablada por la mayoría de la población.

Tanto Podemos como los comunes defienden que los políticos separatistas encarcelados son “presos políticos”. ¿Están en lo cierto?

No, es ridículo. Los independentistas no sólo pueden difundir libremente sus ideas, sino que participan en las elecciones y en el gobierno de las instituciones sin problemas. A quienes dicen esas cosas les recomendaría que echaran un vistazo a la definición de preso político que utiliza el Consejo de Europa.

¿Y qué opina de la postura de ambos partidos ante la deriva secesionista?

Hay motivos de sobra para ser muy críticos. La propuesta de un referéndum de autodeterminación en Cataluña es síntoma de la confusión reinante en parte de la izquierda española. Con todo, no es lo peor. Pues una cosa es defender una reforma constitucional de tipo confederal, ciertamente discutible, y otra bien distinta hacerle el juego a quienes quisieron quebrantar el orden constitucional. Cuando hablan de presos políticos, por ejemplo, ponen en cuestión que tengamos un régimen de libertades asentado y que España sea una democracia plena. Seguramente vieron en la crisis catalana una oportunidad para socavar el denostado “régimen del 78” y en momentos cruciales han actuado como compañeros de viaje de los secesionistas.

El separatismo ha abrazado las teorías conspiratorias en torno a los atentados de las Ramblas. ¿En qué medida han sido importantes las fake news en lo ocurrido en Cataluña?

Han sido determinantes. Hemos hablado mucho de posverdad a propósito de la elección de Trump o el brexit, pero el procés no les va a la zaga. Del maltrato fiscal a las teorías conspirativas sobre los atentados, de las tergiversaciones de la historia al engaño sobre los costes de la independencia, la cadena de falsedades ha sido interminable; si algunas estaban destinadas a influir en la opinión pública internacional, otras perseguían mantener el fervor de los independentistas, blindándoles contra los hechos incómodos. Por cierto, a ellas han contribuido con entusiasmo no sólo políticos y activistas, sino académicos de prestigio.

Sencillamente, el procés ha tenido mucho de farsa y de estafa, como esa declaración de independencia que no sabemos si se produjo. Sincerarse con la realidad, como decía aquel mandatario latinoamericano, no va a ser tarea fácil y requerirá tiempo.

Según una encuesta de El Periódico, Ciudadanos se desplomaría en unas elecciones catalanas, pasando del primer lugar al cuarto. Igualmente, sus resultados en unos comicios generales también empeorarían. ¿Qué está haciendo mal este partido?

Me cuesta entender el rumbo de Ciudadanos en los últimos tiempos. Por lo que se refiere a la política catalana, no entendí la marcha de Arrimadas a Madrid a los pocos meses de ganar las elecciones autonómicas ni lo sucedido recientemente en el Ayuntamiento de Barcelona. En política nacional el partido parece encallado en una forma de antisanchismo que reduce su capacidad de maniobra política como partido reformista, lo que afecta también a las formas. A mí particularmente no me gustó el tono de Rivera en el último debate de investidura, con expresiones como “la banda de Sánchez”. Las dificultades de Ciudadanos para adaptarse al nuevo escenario político abierto tras la moción de censura son notorias, como muestra la ristra de dimisiones internas, y se equivocará seguramente si lo fía todo al sorpasso al PP.

El nuevo lema del secesionismo es “lo volveremos a hacer”. Si es así, ¿cuál debe ser la respuesta del constitucionalismo?

El lema suena a fanfarronada más que a otra cosa, pues veo difícil que lo vuelvan a intentar en un futuro próximo. La aplicación de la ley tiene virtudes disuasorias. Sean bravatas o amenazas, la respuesta debería ser la firmeza en la defensa de la legalidad. El escenario político actual, sin embargo, no permite albergar muchas esperanzas sobre la unidad en el campo constitucionalista.

Por Óscar Benítez