¿Elecciones autonómicas? ¡No! ¡Constitución y elecciones generales!

No dejan de asomar a los medios políticos y opinantes que sugieren como solución a la grave situación provocada por el desacato de la Generalitat al orden constitucional, la celebración de elecciones autonómicas en dicha Comunidad, ya fuera por la vía de sustituir la facultad solutoria del Parlament a través del artículo 155 de la Constitución, ya fuera porque el Govern de grado hiciera uso de esa misma facultad estatutaria. Ni por básicos principios democráticos ni por el mero respeto a la libre voluntad soberana de los ciudadanos, se aventura tal solución como oportuna ni razonable en ninguna de sus formas en este momento.

Unas elecciones anticipadas en Cataluña en el momento actual, se celebrarían en tan precarias condiciones de limpieza democrática -dada la total patrimonialización a su favor de los recursos públicos por parte del Govern actual, el arrinconamiento y acoso a los partidarios de opciones no secesionistas y la descarada e impúdica parcialidad de todo el aparato mediático público y subvencionado en defensa de la Generalidad insurrecta- que su resultado habría de considerarse como de dudosísima legitimidad y validez democrática.

A lo anterior hay que añadir que lo que por esa Administración rebelde se viene perjudicando es el interés general (desde la economía nacional al orden público, pasando por la pérdida de fiabilidad de España como Estado capaz de garantizar la seguridad jurídica en todo su territorio), y que lo que están poniendo en entredicho sus dirigentes no es otra cosa que la soberanía nacional y la integridad territorial de la nación entera. Estas son cuestiones que nunca deberían dejarse, ni siquiera indirectamente, al albur del resultado de unas elecciones regionales, y menos en unas autonómicas como las que se prefiguran en la situación actual, donde es más que previsible que por ese Govern en funciones -encausado penalmente en su totalidad, no lo olvidemos, y en cotidiano desacato a los Tribunales- no se respetarían ni siquiera unas mínimas garantías aparentes de neutralidad institucional.

Por otra parte, la fragmentada composición actual de las Cortes Generales, la ausencia de apoyos parlamentarios del Gobierno -incluso para aprobar los presupuestos tras el desentendimiento del PNV a la palabra dada- y la atípica situación de unas cámaras que no fueron elegidas con el designio de enfrentar una situación de deslealtad institucional tan grave como la que nos ocupa, aconsejan que, dado que el impasse actual no puede resolverse votando sólo los ciudadanos catalanes, deban en consecuencia ser llamados a las urnas todos los españoles en unas elecciones generales; si bien, con el presupuesto previo, ineludible e imprescindible de que en interés general de España, se proceda por el Gobierno al inmediato restablecimiento y aseguramiento pleno y estable del orden jurídico y constitucional en Cataluña, haciéndolo con todos los medios a su alcance, que principian pero no concluyen en el artículo 155 de la Constitución.

Y que cada partido en esas elecciones recoja del electorado el rédito o castigo que le depare la postura asumida durante todo este tiempo ante esta situación, insólita en Europa desde hace más de 80 años. En tales circunstancias es claro que el partido o partidos que en dichas elecciones obtuviera una mayoría parlamentaria -en solitario o conjuntamente-, a buen seguro afrontará la crisis y su necesario encauzamiento posterior con un respaldo social mucho más sólido que el que disfruta actualmente el Gobierno, pues habrá sabido aprovechar el formidable capital político, inesperadamente emergido y expresado en las calles y balcones de toda España, en favor de la Constitución, el Estado de Derecho, su unidad y la integridad territorial.

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