Malas noticias para la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha finalizado la instrucción sobre la presunta adjudicación de varios contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Laura Borrás, ahora presidenta del Parlament, era su directora.
La Sala le atribuye un posible delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos y eleva el procedimiento a juicio oral, una vez finalizada las últimas diligencias.
En su auto, el magistrado Jordi Seguí apunta que existen indicios de que Borràs abusó de sus funciones como presidenta del ILC, organismo adscrito al Departamento de Cultura de la Generalitat, al dictar «resoluciones injustas» al aprobar la adjudicación de 18 contratos menores, con plena conciencia de que entraban en contradicción con la ley de contratación pública.
El objetivo, según el TSJC, era presuntamente favorecer los intereses de un conocido suyo, Isaías H., «en detrimento de la defensa de los intereses generales». El juez da 10 días a la fiscalía para acusar a la presidenta del Parlament por trocear contratos cuando dirigía la ILC para beneficiar a un amigo.
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