El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y 6 meses de prisión y 13 años de inhabilitación para Laura Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental al conceder y fraccionar 18 contratos por un valor total de 335.000 euros a un amigo, Isaías Herrero, cuando era la directora de la Institución de las Letras Catalanes del 2013 al 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue quién condenó a la ex presidenta del Parlament.
Este hecho ha motivado una ofensiva del Grupo Godó para deslegitimar a estos jueces. Jordi Basté, el locutor más importante de RAC1 – que lidera el programa de radio más escuchado de Cataluña – ha cargado con una dureza extrema contra el Tribunal Supremo y les ha acusado de haber condenado a Laura Borràs por ser una dirigente independentista y de tomar «decisiones políticas» enmascaradas como «sentencias».
En la sección ‘El davantal’, que es el editorial del programa ‘El matí a RAC1’ ha dicho de la sentencia que «no solo es desproporcionada sino que representa un nuevo episodio de represión disfrazada de justicia. Desde el primer momento este caso ha estado marcado por una doble vara de medir. Cuando se trata de políticos independentistas la justicia española aplica una dureza extrema, mientras que en casos similares que afectan a otras figuras políticas o instituciones las resoluciones son más benévolas, cuando no directamente inexistentes».
Basté ha añadido que «es evidente que Laura Borràs ha sido juzgada no solo por los hechos que se le imputaban sino ‘por ser vos quién sois’ y por lo que representa. Su trayectoria, su defensa de la independencia de Cataluña y su posición de liderazgo en el espacio soberanista han sido factores determinantes en una sentencia que va más allá de lo que sería una simple aplicación del derecho. No se trata solo de expulsarla de la política, sino de enviar un mensaje claro: quién se rebele contra el ‘status quo’ será castigado con toda la contundencia».
Y acaba su alegato afirmando que «en este contexto, la condena a Laura Borràs es absolutamente inaceptable, injusta, una decisión política enmascarada debajo de una supuesta imparcialidad judicial. Es una nueva alerta del uso de la justicia como herramienta de represión y es también un recordatorio que la lucha por la libertad y la democracia continúa siendo más necesaria que nunca y no solo para los políticos independentistas, sino para muchos políticos que tienen la democracia en su punto de mira».
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