El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta que 3 colegios han de usar también el español como lengua vehicular

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado seis nuevos autos en los que obliga al Departament d’Ensenyament a cambiar el modelo lingüístico de tres centros educativos de Barcelona y Tarragona a raíz de la petición de seis familias.

Con estas resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reitera su conocida doctrina que reconoce el derecho de los recurrentes “a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

Se trata, en definitiva, de hacer efectiva la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable, que “no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”. Principio el de proporción razonable, que cabe relacionar con el de presencia adecuada de ambas lenguas oficiales, contemplado en el art. 21.3 de la Ley de Política Lingüística 1/98, de 7 de enero, y en el art. 35.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

Ello conlleva que tomando en consideración un horario semanal estándar de 25 horas lectivas, el 25% de las horas lectivas deban impartirse al menos en castellano y que los centros educativos en los que el catalán está reconocido como única lengua vehicular deban utilizar el castellano “además de en el área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, en otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”. Este mandato se traduce en 6’25 horas semanales de presencia del castellano de las 25 horas lectivas.

También advierten las resoluciones que el área, materia o asignatura de carácter troncal o análoga no lingüística a impartir en lengua castellana en el grupo-clase, lo será de manera íntegra en dicho idioma; y el material didáctico necesario deberá corresponderse con la lengua docente.

Por primera vez en unos autos judiciales el TSJC ordena a los centros educativos a preservar la identidad e intimidad de las familias y alumnos demandantes de educación bilingüe. Este hecho tiene como finalidad evitar las situaciones de acoso y de presión sufridas por algunas familias que, con anterioridad, han solicitado la aplicación del modelo de conjunción lingüística en los centros educativos.

La resolución acoge la petición expresa de protección que han formulado las familias y tiene su origen en los lamentables incidentes acontecidos en la ciudad de Balaguer en septiembre de 2015 en el que el centro educativo, políticos locales y el propio Departamento de Enseñanza crearon una clima irrespirable en el centro que llevó a la familia demandante de escuela bilingüe a abandonar el centro educativo en el que estaban matriculados los alumnos.

Tal es así que el Síndic de Greuges en resolución de 22 de noviembre de 2016 se vio obligado a requerir al Departament d’ Educació para que aprobará un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitasen la educación bilingüe. Hasta la fecha este protocolo no ha sido elaborado y tampoco consta a la AEB que el Síndic de Greuges haya reiterado su petición.

Visto lo anterior, la Asamblea por una Escuela Bilingüe “lamenta que la plataforma contraria al castellano y a los derechos lingüísticos de los castellanohablantes ‘Som Escola’ haya inundado las proximidades de alguno de los centros escolares afectado por la implantación del nuevo modelo lingüístico de propaganda alarmista en la que se llama a la movilización en contra de la aplicación de las resoluciones judiciales”.

La AEB recuerda al efecto “que el modelo integrador y de convivencia es el que respeta las dos lenguas oficiales de Cataluña y que los que pretenden implantar un modelo monolingüe generalizado son totalitarios de la lengua y contrarios a la cohesión social”.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Administración al pago de las costas correspondientes al incidente de medidas cautelares. Es de destacar que, hasta ahora, las costas eran establecidas por el tribunal hasta un máximo de 400 euros y por la actitud recalcitrante del Departamento se ha incrementado la condena a 800 euros.

La Asamblea por la Escuela Bilingüe que asesora a las familias que solicitan la escolarización bilingüe en una proporción racional, tal como establece la ley Orgánica de Educación y las distintas resoluciones lamenta “el cinismo de la Administración educativa catalana que sigue obligando a las familias a acudir a los Tribunales para reclamar sus derechos lingüísticos en el ámbito de la educación, en vez de adaptar la normativa vigente y las instrucciones al modelo de conjunción lingüística que consiste, como es conocido, en la escolarización en las dos lenguas oficiales en Cataluña y en las tres en el Valle de Arán”.

“Esta situación anómala que priva de sus derechos lingüísticos a los alumnos castellanohablantes de Cataluña ha sido puesta de manifiesto por la Asamblea por la Escuela Bilingüe en la reciente reunión que ha mantenido con el relator de Naciones Unidas para Asuntos de las Minorías, Fernand de Varennes, al que se le ha solicitado que en su informe defienda la compatibilidad de los derechos lingüísticos de las minorías con los de las mayorías en las comunidades plurilingües, y que la defensa de los derechos de los hablantes de lenguas minoritarias no pueden conculcar los derechos de las comunidades con más hablantes”, añade la AEB.

También informa dicha entidad que “a esos efectos, en el curso de la entrevista se le hizo llegar abundante documentación sobre la relegación de los derechos lingüísticos de los integrantes de la  comunidad castellanohablante que constituye el 55% de la sociedad catalana en ámbitos tan sensibles como el de la enseñanza”.


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Este libro hablará con profesores, padres de alumnos y miembros de entidades cívicas constitucionalistas para denunciar la manipulación de la Generalitat en el ámbito escolar.

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