El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión clara: Carles Puigdemont seguirá siendo un prófugo ante la justicia española. El pleno de este martes ha acordado mantener vigente la orden de detención nacional que pesa sobre el expresidente catalán. El TC rechaza levantar esta medida mientras resuelve si se le debe aplicar la ley de amnistía por la acusación de malversación del 1-O, tal como han pedido tres líderes secesionistas en sus recursos de amparo.
La justicia española se mantiene firme frente a los intentos de los líderes del procés por esquivar sus responsabilidades. El tribunal ha rechazado así las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Puigdemont, que pretendía un regreso libre de riesgos legales. Esta decisión afecta también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, quienes permanecen en la misma situación de búsqueda y captura.
El argumento de los magistrados es contundente y lógico desde el punto de vista jurídico. Conceder la libertad de movimiento a los recurrentes ahora mismo supondría dictar una sentencia anticipada. El Constitucional no quiere precipitarse en la aplicación de una Ley de Amnistía que sigue bajo un intenso escrutinio legal y ético.
La negativa del TC implica que Puigdemont, Comín y Puig deberán seguir ejerciendo su labor política desde el extranjero. No habrá alfombra roja para quienes desafiaron el orden constitucional en 2017. La realidad del exilio, que ellos llaman política, sigue siendo una realidad de huida ante los tribunales ordinarios.
En el trasfondo de esta decisión late la sombra de la malversación de fondos públicos durante el 1-O. El Tribunal Supremo ya dejó claro en verano de 2024 que este delito no es amnistiable bajo la polémica norma del Gobierno de Sánchez. Los jueces consideran que hubo un beneficio personal al no sufragar el referéndum con patrimonio propio.
Dentro del tribunal, la unanimidad ha sido imposible debido a las conocidas cuotas ideológicas. El magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel ya ha anunciado un voto particular contra la decisión mayoritaria. Es el reflejo de una justicia que, lamentablemente, a menudo parece dividida por bloques políticos.
Al denegar las cautelares, el Constitucional gana un tiempo precioso y necesario para su deliberación. Se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mueva ficha antes de que España tome una decisión definitiva. Europa debe aclarar si el desafío separatista vulneró los intereses financieros y legales de la Unión Europea.
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