Para algunos, hablar castellano en la comunidad autónoma catalana parece que es delito y por ello debe perseguirse. Esta es la realidad que los buenistas tratan de esconder, esto es lo que sucede en la Cataluña dominada por el independentismo.
La última víctima ha sido la concejala de seguridad del Ayuntamiento de Roses, Olga Simarro, la cual está siendo señalada por el independentismo radical por el mero hecho de haber hablado en castellano para TV3. Dicha concejala es miembro del PSC. Rápidamente las redes sociales secesionistas se han dedicado a señalarla públicamente.
El secesionismo vuelve a ignorar, de forma interesada, que en Cataluña existen dos lenguas oficiales y que ambas deben respetarse. De hecho, tal y como publican todos los sondeos, incluso los de la propia Generalitat, el castellano es la lengua mayoritaria en la sociedad catalana, por lo que debería ser de lo más normal que fuera utilizado por cargos públicos y fuera de uso habitual en la televisión pública.
El independentismo más radical pretende imponer, sí o sí, el catalán. Y esta forma de actuar hace mucho daño al idioma regional, que es visto por muchos catalanes como una herramienta de uso político.




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