La constitución del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados no es una cuestión baladí. Su importancia constitucional es de tal calibre que reclama un acuerdo patriótico para evitar un deterioro democrático sin remedio en España. Que el PP y el PSOE no sean capaces de verlo así es dramático porque evidencia el cainismo latente entre las dos principales fuerzas políticas españolas. Nuestra práctica constitucional ha arrinconado el principio de neutralidad, fundamental para el normal funcionamiento de las instituciones. Consiste en arbitrar las reglas de juego para que el debate parlamentario se suscite en igualdad de condiciones a fin de que lo representados en las cámaras legislativas puedan conocer los postulados y planteamientos de las distintas opciones políticas.
Sin embargo, resulta que en España prima más el afán de poder e influencia partidaria que el recto sentido institucional, buena prueba de la deriva que ha desacreditado irremisiblemente la política en nuestro país. Puigdemont se ha erigido en árbitro de la conformación de la Mesa del Congreso y está determinado a convertirla en una mesa de casino actuando como tahúr para arruinar a los jugadores. No entiendo cómo PP, PSOE y VOX, únicos partidos que defienden el sistema constitucional con o más o menos vigor, no se percatan de que deben ponerse de acuerdo para evitar la puesta en almoneda de la democracia española por quienes quieren destruirla.
Están a tiempo de reunirse y convenir una conformación de sus 9 miembros de entre sus electos mayoritariamente votados por el pueblo español. 4 puestos para el PP, 3 para el PSOE, 1 para VOX y 1 para Sumar. La Presidencia, con su voto de calidad, debe recaer en un diputado popular de perfil experto y con la máxima apariencia de independencia partidaria para que ese virtual empate entre la derecha y la izquierda permita confrontar proyectos y no aniquilar al adversario.
Que la soberanía nacional no se convierta en un “mercado persa” pasa por anteponer el manoseado sentido de Estado a la descarnada ambición grupal excluyente. Utilizar grandilocuentes palabras para decir que se actúa en interés de la ciudadanía no es creíble sin acciones que lo demuestren. Obrando de esta manera se podrá principiar una endiablada legislatura de prosperar algún candidato en la sesión de investidura. Y si no sucede de esta manera poner en marcha el reloj constitucional de la repetición electoral sin mayores sobresaltos. “París, bien vale una misa”.
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