El Gobierno del PSOE ha acelerado las negociaciones para conseguir que los siete diputados en el Congreso del prófugo Carles Puigdemont den su voto a la ley Bolaños. Y Junts quiere – tal y cómo desvela María Jamardo en El Debate – la posibilidad de contar con un Poder Judicial propio, a través de un Consell territorial equivalente al Consejo General del Poder Judicial.
Este Consell estaría capacitado para designar en Cataluña a jueces y fiscales adictos al separatismo, lo que sería el fin de la separación de poderes y la independencia judicial como bases del Estado social y democrático de Derecho que es España en la actualidad. Esta medida significaría el fin del Estado derecho en Cataluña. Esta propuesta no solo contentaría a Junts, dado que es una reivindicación del independentismo en general.
El separatismo instalado en el golpe de Estado permanente conseguiría, a cambio de sus votos para que Bolaños consiguiera sacar adelante su reforma a judicial, la impunidad. Acabarían designando a los jueces y fiscales a la causa de la República catalana que les garantizarían no solo que sus delitos no fueran perseguidos, sino que además emprendieran una cacería contra los catalanes constitucionalistas.
Los socialistas están demostrando que no tienen ningún tipo de miramiento a la hora de violar los derechos civiles de los españoles. Esta negociación es el paso lógico tras la amnistía. Tras borrar sus delitos los separatistas buscan que no se les vuelva a perseguir o encarcelar cuando cumplan su promesa del «ho tornarem a fer».
No nos queda otra a todos los catalanes que respetamos los derechos constitucionales que oponernos con todas nuestras fuerzas e intentar echar, democráticamente, a los socialistas del poder. Han demostrado que quieren acabar con nuestros derechos civiles y si nos dejamos nos convertirán en prisioneros de un régimen dictatorial. No podemos permitir que cedan el poder judicial a un separatismo instalado en un golpe de Estado permanente.
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