El PSC, bajo el liderazgo de Salvador Illa, fijó en 2023 como una de sus condiciones ineludibles para votar a favor de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya del presidente Pere Aragonès la ampliación del Aeropuerto de Barcelona‑El Prat. Este proyecto, largamente debatido y objeto de promesas, se convirtió en bandera estratégica del PSC en la negociación presupuestaria.
Ese interés en la ampliación del aeropuerto, ya con Illa en la presidencia de la Generalitat, parece que ya no es tan prioritario. Un acuerdo parlamentario entre el PSOE y Podemos, en el marco de la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, contempla explícitamente que la ampliación de El Prat “no se incluirá” en el periodo regulado por el documento DORA III (2027-2031).
Sobre el papel el Gobierno central se reserva la ejecución de la ampliación para una fecha posterior, mientras que el PSC había querido impulsar la decisión de forma más inmediata. El consejero de Presidencia del Govern Dalmau, llegó a afirmar que el acuerdo PSOE-Podemos no afectaba al inicio de las obras. Pero las fuentes parlamentarias de Podemos sostienen que han conseguido postergar al menos hasta 2031 el inicio de las obras, como condición para abstenerse en dicha votación.
La paradoja política para el PSC radica en este conflicto de expectativas: mientras ellos condicionaron su apoyo en Cataluña precisamente a que la ampliación del aeropuerto fuese arrancada cuanto antes, el pacto estatal del PSOE con Podemos parece colocar esa infraestructura en un segundo plano temporalmente.
El atraso en el arranque efectivo de la obra —o al menos la percepción de ese atraso— abre interrogantes sobre cuándo se ejecutará la obra. Al menos hasta ahora, los socios del Govern —Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y En Comú Podem— han mostrado recelos ante la ampliación, lo que complica la ejecución de la infraestructura en Cataluña.
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