El deterioro de la convivencia en los barrios catalanes ha dejado de ser una percepción para convertirse en un horror cotidiano. Mientras los vecinos de localidades como Terrassa, Sabadell o Mataró denuncian el aumento de la delincuencia, los alcaldes del PSC y los Comunes se limitan a hablar de una simple «sensación de inseguridad». Es la táctica habitual de la izquierda: culpar a los supuestos «bulos de la extrema derecha» en lugar de afrontar que las calles se han transformado en un infierno para el ciudadano honrado.
La situación es especialmente crítica en municipios como Sabadell o Mataró, donde los enfrentamientos entre vecinos y delincuentes u okupas son cada vez más frecuentes. La pasividad institucional está provocando que la indignación ciudadana estalle en manifestaciones contra una gestión que ha abandonado el orden público. Solo aquellas formaciones que planteen medidas eficaces contra la destrucción de nuestros barrios lograrán conectar con una sociedad harta de promesas vacías.
Al PSC de Salvador Illa no le va a salir bien su política de gestos cosméticos y buenismo condescendiente. A pesar de contar con una CUP que actúa como «felpudo socialista» y una ERC desdibujada, los socialistas no logran despegar en las encuestas. Los sondeos les otorgan unos 42 escaños en el ‘Parlament’, pero con una preocupante tendencia a la baja que refleja el desgaste de su modelo de gestión.
Mientras Illa vive en su mundo irreal, el mapa político catalán se mueve hacia posiciones mucho más firmes en materia de seguridad. La inmigración ilegal se ha convertido en una de las grandes pesadillas para muchos catalanes que ven cómo se degrada su entorno más cercano. Es necesario afrontar este reto de manera decidida, lejos de la permisividad que ha imperado hasta ahora. No se puede proteger al infractor mientras se deja desamparado al vecino que paga sus impuestos y cumple las normas.
La inseguridad se ha trasladado ya a todos los rincones de Cataluña, rompiendo la paz social que antes caracterizaba a nuestras villas y ciudades. Los ciudadanos ya no compran el discurso de la «cohesión» cuando no pueden caminar tranquilos por sus portales. El buenismo de la izquierda ha fracasado estrepitosamente, y el precio lo pagan los barrios más humildes.
Defender la Nación implica, hoy más que nunca, defender la seguridad jurídica y física de todos los españoles. No es posible una Cataluña próspera si sus instituciones se ponen de perfil ante el fenómeno de la ocupación y el multirreincidente. La lucha contra la delincuencia debe ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno que aspire a ser respetado por su pueblo.
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