El problema no es como prometen el cargo, sino que dieron un golpe de Estado

Comentario editorial de elCatalán.es

Hay un gran debate sobre la forma de prometer el cargo por parte de Oriol Junqueras, su banda de golpistas y sus aliados de la antigua Convergencia pujolista, y cómo han recordado que son “presos políticos” en la fórmula para acceder al mismo.

A nosotros lo que nos preocupa es que Esquerra Republicana y la antigua Convergencia pujolista intentaron acabar con la democracia en Cataluña y convertir a más de la mitad de la población, la que no piensa como ellos, en ciudadanos de segunda desprovistos de derechos políticos.

Porque hemos de recordar que Esquerra, Junts per Catalunya y sus propagandistas, tan rigurosos ahora a la hora de reclamar sus derechos, violaron todos los derechos de la oposición en el Parlament de Cataluña durante la celebración de los llamados “plenos de la vergüenza” del 6 y el 7 de septiembre de 2017.

Cuando Carme Forcadell presidía la cámara, y Esquerra y Junts per Catalunya la dominaban, no les importó ni un comino los derechos de los diputados de la oposición y violaron repetidamente el reglamento de la cámara. Demostraron que el respeto a la democracia y a la legalidad no está en su programa político.

España es una gran democracia, y respeta los derechos de los que quieren acabar con ella. Al contrario de lo que hacen los independentistas con los constitucionalistas catalanes, las instituciones españolas les consideran ciudadanos de pleno derecho, a pesar de los gravísimos delitos de los que están acusados.

El problema es cómo es posible que prófugos como Carles Puigdemont o Toni Comín puedan presentarse a las elecciones, cuando están huidos de la Justicia. O como Junqueras y el resto de políticos en prisión preventiva puedan ser escogidos a pesar de su condición de encausados por delitos que pueden significar dos décadas de prisión.

La democracia debe defenderse de los que intentan acabar con ella. Han de tener sus derechos mientras no sean condenados, pero no se puede permitir que los golpistas que quieren que millones de ciudadanos pierdan sus derechos políticos puedan reírse de todo un país. Hay que arbitrar la fórmula para evitar este tipo de desmanes, y para evitar que los antidemócratas usen su situación legal para su propaganda.

Sinceramente, no nos imaginamos un circo de este tipo, en otros países democráticos como Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Los que hubieran intentado destruir el sistema legal de estos países seguro que no hubieran disfrutado las ventajas de las que han gozado Junqueras, Puigdemont y el resto de encausados o prófugos de poder utilizar los banquillos de los tribunales o los escaños para seguir con su relato que pretende destruir un país democrático por las bravas.


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