El presidente del Gobierno fuerza la independencia judicial

En una situación muy difícil de describir, más bien imposible de hacerse en situación de entendimiento entre seres racionales, el presidente del Gobierno está forzando, presionando y corrompiendo sus facultades criminalmente, obligando y condicionando la independencia judicial y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pervertir espuriamente el fallo que ha de producirse en relación con la ley de amnistía.

Esto podría ser gravísimo decirlo, pero remito al minuto 40:01 de su comparecencia de balance anual del 15 de diciembre del recién terminado 2025, en Moncloa, ante los medios nacionales e internacionales, para su constatación, que adelanto aquí resumidamente:

“Esta ley hoy, pese a lo que algunos dijeron que era ilegal, ha sido validada nada más, ni nada menos, que por instituciones —quiero que lo sepan los ciudadanos— muy acreditadas en el ámbito internacional, como, por ejemplo, la Comisión de Venecia, también la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y, más recientemente, el Abogado General del TJUE. Por tanto, es constitucional, como siempre dijimos que iba a ser esta ley de amnistía; es legítima y está dando resultados. Lo reconoce precisamente ese informe del Abogado General, cuando habla de que esta amnistía se está aplicando en un contexto, en un marco de reconciliación entre la sociedad catalana y dentro de la sociedad catalana…”

Esto es absolutamente mentira y es un forzamiento público y delictivo al TJUE. La Comisión Europea emitió un demoledor informe calificando la amnistía de “autoamnistía” y contraria al Estado de Derecho: no responde a un interés general, sino como acuerdo y pago político para la concesión de siete votos para poder obtener una mayoría de investidura el actual presidente del Gobierno. Contraviene los principios del Estado de Derecho y los valores de la UE, y la Comisión de Venecia dice que no sigue sus recomendaciones y vulnera los principios del rule of law.

Es de tal gravedad el forzamiento que pretende el presidente del Gobierno a la independencia judicial, a los magistrados y al propio TJUE, y más aún anunciando lo que debe ser la sentencia, que, evidentemente, la situación es de extraordinaria gravedad y de pleno y directo ataque frontal a los fundamentos del rule of law de Europa.

Las instituciones europeas tienen en sus pantallas de televisión la prueba suprema y absoluta de lo que es capaz el presidente del Gobierno español para acabar definitivamente con la democracia en España…, pero cuidado: acabar, asimismo, con la columna vertebral y los fundamentos esenciales de la democracia europea y, por tanto, con su democracia.

Desde la sociedad civil hemos denunciado formalmente todo ello desde antes de Navidad, también comenzando el año y hace una semana nuevamente, al comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath; asimismo, hace dos días, a la presidenta de la Comisión Europea, y hoy a la presidenta del Parlamento Europeo y al presidente del Consejo Europeo, habiendo conocido también un demoledor dictamen de hace pocos días desde la UAM contra la tesis del AG Spielmann, que argumenta un hecho político, además falso y no jurídico, y que casualmente coincide con las espurias tesis del presidente del Gobierno. Hemos vuelto a recordar, asimismo, a las instituciones europeas los informes demoledores del mundo jurídico español, que unánimemente y por primera vez se posicionó contundentemente y sin fisuras contra dicha perniciosa y perversa ley de amnistía.

Hace muy pocos días, el pasado fin de semana, hemos denunciado y condenado todo ello también en manifestación en la calle, al pie del monumento a la Constitución en Cádiz, y el pueblo español hemos suscrito unánimemente, e independientemente de ideologías, la “Declaración de Cádiz”, pidiendo elecciones libres y seguras y reafirmando los valores de perdón, reconciliación y paz que nos dimos hace 50 años y que el presidente del Gobierno quiere acabar con ellos sembrando la discordia, así como reafirmando los valores constitucionales del imperio de la ley, la justicia, la independencia judicial, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia, a la par que denunciando y condenando rotundamente a un presidente de Gobierno que fuerza y transgrede la independencia judicial y el rule of law europeo, anunciando y dando por hecho, incluso, lo que ha de ser un espurio fallo del TJUE… un auténtico impostor de la democracia, corrupto, golpista, antidemócrata y traidor.

Mientras, miente vilmente con la tragedia de los trenes de Córdoba y Barcelona, anuncia la legalización de 500.000 o más inmigrantes ilegales, sin procedimiento homologable y seguro para garantizar la seguridad nacional y la de todos los españoles, e imposible la verificación de dicha seguridad, como dice públicamente la Policía, fomentando, por tanto, la llamada abierta y criminal a los delincuentes. Dice también que va a controlar las redes a los jóvenes, erigiéndose en juez de lo que es o no es odio y de lo que se puede o no publicar… y todo ello dicho por quien se ha lucrado cual proxeneta y lenocida más tenebroso de la miseria de prostíbulos y lupanares, de la prostitución de menores, la droga y toda la más rastrera, escabrosa y vil trata de personas, de lo que no da explicación alguna ante la denuncia de todo ello por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

España y Europa entera no pueden permitir un segundo más esta deshonrosa, horrorosa, oscura y tan infame dependencia. Apelamos una vez más a las presidencias de las instituciones europeas a denunciar públicamente a quien encabeza este latrocinio más corrupto y sangrante, y este ataque más despiadado al rule of law de Europa. Apelamos a ellas para pedir urgentes elecciones generales libres y seguras, la urgente denuncia de quien mancilla la dignidad de los ciudadanos europeos y la urgente vuelta inmediata, en auxilio democrático, a restaurar los principios básicos de la mínima dignidad y de la democracia de Europa.

Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda. Soria, 6 de febrero de 2026