El idilio entre el socialismo catalán y el régimen dictatorial comunista chino ha dejado de ser una coincidencia discreta para convertirse en una calculada estrategia política. Tanto Salvador Illa al frente de la Generalitat como Pere Navarro en el Consorcio de la Zona Franca han desplegado la alfombra roja a las comitivas orientales. Bajo la proclama del crecimiento económico y la atracción de inversiones, los dirigentes del PSC no dudan en estrechar la mano de los altos mandos de uno de los Estados más opresivos del mapa global. La diplomacia comercial parece justificar, a ojos de la formación de centro-izquierda, cualquier guiño a la autocracia asiática.
En sus frecuentes encuentros y viajes oficiales, las apelaciones a los derechos humanos quedan relegadas al fondo de un cajón. La narrativa oficial se centra de forma exclusiva en acuerdos portuarios, proyectos de reindustrialización e implantaciones automovilísticas. Resulta paradójico que quienes presumen de ondear banderas de libertades en España no muestren el menor pudor al brindar con la cúpula de un régimen que cercena la disidencia y pisotea las libertades civiles más elementales. La urgencia por colgarse medallas económicas prima sobre cualquier reparo de principios democráticos.
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona actúa como el principal catalizador de estos pactos. Bajo la batuta de Pere Navarro, el organismo público ha priorizado la atracción de capital chino mediante alianzas de largo alcance. Esta plataforma, financiada con fondos públicos, sirve de avanzadilla para consolidar la influencia de Pekín en un enclave logístico vital para el sur de Europa. Se otorga así un acceso preferente a corporaciones controladas o tutelares por el Partido Comunista Chino, sin un análisis riguroso de las implicaciones geopolíticas.
Salvador Illa redobla esta apuesta institucional ofreciendo Cataluña como el gran puente de entrada del gigante asiático al mercado europeo. Sus viajes a China y los acuerdos firmados evidencian una sintonía política que trasciende lo estrictamente mercantil. Mientras la Unión Europea insiste en calificar a China como un rival competidor y sistémico, el PSC decide transitar una vía unilateral que debilita la posición geopolítica compartida. Esta permisividad dota de una patina de normalidad internacional a un gobierno dictatorial a cambio de promesas de inversión.
Esta alianza revela el pragmatismo desenfocado de la cúpula socialista catalana. En su afán por proyectar una imagen de gestión reactivada, el PSC sacrifica la firmeza democrática en el altar de los negocios con Pekín. La relación entre Illa, Navarro y los mandatarios chinos expone una inquietante falta de escrúpulos políticos donde las libertades individuales quedan subordinadas a los réditos de titulares económicos.
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