El calendario político español vuelve a tropezar hoy con una efeméride que debería avergonzar a cualquier demócrata convencido. Se cumplen ya varios años desde aquel 1 de octubre de 2017 en el que el nacionalismo catalán perpetró un ataque frontal contra el orden constitucional.
Lejos de quedar en el recuerdo como un episodio superado de insumisión institucional, la fecha se conmemora con un relato profundamente tergiversado. Los impulsores de aquellos hechos pretenden blanquear hoy lo que fue, sin paliativos, un golpe contra la legalidad vigente y la convivencia pacífica.
La memoria colectiva no debe borrarse por conveniencia partidista. Aquel referéndum ilegal supuso la quiebra deliberada de las normas democráticas y el desprecio absoluto hacia la mitad de los catalanes que no comulgan con las tesis independentistas. Sin embargo, el panorama actual refleja una preocupante y peligrosa normalización de la impunidad. Quienes rompieron el Estado de Derecho caminan hoy por los pasillos del poder con la vitola de socios preferentes e imprescindibles del Gobierno central.
El responsable principal de esta mutación política es Pedro Sánchez. Su extrema necesidad aritmética de mantenerse en La Moncloa le ha llevado a cruzar todas las líneas rojas que el socialismo constitucionalista jamás debió sobrepasar. La ley de amnistía impulsada por el Ejecutivo socialista no ha sido un instrumento de reconciliación, tal como prometieron con insistencia sus valedores. Se trata, en puridad, de un traje a medida para borrar delitos graves a cambio de unos pocos votos parlamentarios.
Con esta medida de gracia, el Estado ha claudicado frente a quienes desafiaron abiertamente su autoridad. Se traslada así a la ciudadanía un mensaje desolador: saltarse la ley sale gratis si se cuenta con la llave de la gobernabilidad en el Congreso. Los líderes de ERC y Junts, lejos de mostrar un ápice de arrepentimiento, han convertido la amnistía en el trampolín para relanzar sus exigencias soberanistas. El pulso al Estado no ha cesado; simplemente ha cambiado de método y de escenario institucional.
La izquierda gubernamental insiste en mirar hacia otro lado mientras blanquea una deriva que erosiona las bases de nuestra democracia. La cesión constante de privilegios solo alimenta una voracidad nacionalista que jamás se sacia con concesiones. Hoy, un nuevo 1 de octubre, la conclusión es evidente para cualquier observador sensato. No hay absolutamente nada que celebrar, sino mucho que defender frente a un sanchismo dispuesto a liquidar la igualdad entre españoles por su supervivencia personal.
NOTA: elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.

















