La libertad política se ha convertido en un derecho de alto riesgo para los partidos constitucionalistas en Cataluña. Formaciones como VOX y el PP sufren un hostigamiento diario y sistemático a manos de grupos separatistas y la ultraizquierda más radical. Montar una simple carpa informativa en la vía pública implica exponerse al insulto, las amenazas de muerte y la agresión física directa. Esta violencia callejera no surge de la nada; es el fruto directo del señalamiento ideológico que se promueve desde las propias instituciones autonómicas y los medios públicos.
El catálogo de tácticas del fascismo rojo e independentista es tan amplio como impune. Los dirigentes constitucionalistas padecen escraches coordinados en actos públicos y concentraciones intimidatorias que buscan invisibilizar su representación legítima. El último ejemplo fue el ataque de separatistas contra dirigentes de VOX durante el acto de homenaje en Barcelona a las víctimas de los atentados de Las Ramblas y Cambrils. A esto se suma un constante linchamiento en redes sociales donde se difunden datos personales e incitaciones claras al odio. Esta maquinaria de coacción pretende instaurar una dictadura del miedo en la que solo tenga cabida el pensamiento único del régimen separatista.
La gravedad del problema radica en el silencio cómplice del PSC y sus socios de gobierno. Lejos de condenar sin paliativos estos atropellos democráticos, la izquierda afín al Ejecutivo liquida el debate relativizando las agresiones y culpando de manera perversa a las propias víctimas. La tibia reacción institucional actúa como un auténtico cheque en blanco para los radicales, que se sienten totalmente impunes ante la justicia gracias al marco de permisividad ideológica implantado en la región.
Resulta inaceptable que en un Estado de derecho se normalice el acoso físico contra miles de ciudadanos por el mero hecho de defender la unidad de España. Ningún país democrático avanzado tolera que una facción extremista imponga quién puede o no pisar las calles de sus ciudades. La convivencia democrática se resquebraja cuando el poder público consiente que los militantes constitucionalistas necesiten escolta policial para ejercer un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
Cataluña necesita con urgencia restablecer el orden, la ley y la neutralidad de los espacios públicos. Es hora de dejar de blanquear a quienes emplean la violencia para silenciar al discrepante y exigir responsabilidades penales e institucionales a los agresores. Solo mediante una respuesta firme del Estado y un frente común por las libertades reales se podrá erradicar este totalitarismo callejero que ahoga a la sociedad catalana.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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