El Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de venderse como el más feminista de la historia a convertirse en una administración machista e irresponsable. Así de contundente se ha mostrado Jaime de los Santos, vicesecretario del PP, al denunciar las leyes ideológicas que solo han servido para desproteger a la mujer. Desde la nefasta ley del ‘Solo sí es sí’, que abrió las cárceles a depredadores sexuales, hasta una ‘Ley Trans’ que reduce la condición femenina a un mero trámite administrativo.
La ofensiva parlamentaria del PP no se hará esperar y el lunes registrarán una proposición para derogar los artículos más polémicos de la norma trans. El objetivo es acabar con la autodeterminación de sexo sin requisitos, un coladero que permite a varones biológicos ocupar espacios privativos de mujeres. Resulta inaceptable que se ponga en riesgo la seguridad en vestuarios o la limpieza en las competiciones deportivas y oposiciones policiales por el dogmatismo del PSC y sus socios.
La gestión de la ministra de Igualdad Ana Redondo también está bajo la lupa por los fallos críticos en las pulseras antimaltrato. De los Santos ha recordado casos dramáticos, como el de una mujer en Ibiza que terminó en la UCI tras una paliza porque el sistema de protección falló estrepitosamente. Mientras el Ejecutivo se dedica a la propaganda, las mujeres más vulnerables quedan desamparadas ante sus agresores por la falta de herramientas reales y eficaces.
A pesar de contar con una ministra que el PP tilda de irresponsable, el partido de Feijóo pide a las víctimas que no dejen de denunciar. No se puede permitir que la desconfianza en el Gobierno se traslade a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los hombres y mujeres de la Policía son piezas valiosas que nos protegen a todos, especialmente a quienes sufren el azote de la violencia machista, independientemente de la incompetencia política.
La realidad estadística es demoledora para el relato de la Moncloa: España ha caído del quinto puesto mundial para ser mujer al puesto 20. Esta degradación es el resultado directo de lo que el PP denomina ‘violencia institucional’ ejercida por el Gobierno de Sánchez. Las políticas de estos años no han mejorado la vida de las españolas, sino que han fracturado los consensos sociales alcanzados durante décadas de democracia.
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