Pese a lograr Impulso Ciudadano a principios de septiembre la estimación plena por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de sus reclamaciones para hacer públicos los expedientes relativos a los bienes cedidos en Francia al Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha atendido de manera muy escasa esta obligación.
En particular, el Ministerio de Hacienda no ha enviado ninguna documentación mientras que el de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido de manera muy sucinta enviando una Orden del Ministro Ángel Víctor Torres de 21 de enero de 2025 de compensar con 3,78 millones de euros a la formación nacionalista, por dos bienes (situados en los pueblos franceses de Noyon y Compans) que en el pasado habían pertenecido al Patrimonio del Estado y que el PNV reivindicaba.
Impulso Ciudadano ha reclamado los informes de valoración de la SEGIPSA y el resto de expediente del Ministerio de Política Territorial y Democrática, en particular las órdenes de pago u otros documentos contables en relación con la compensación por los inmuebles de Noyon y Compans. La SEGIPSA (La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) es una sociedad estatal mercantil propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
También ha reclamado que el Ministerio de Hacienda haga pública la información en relación al palacete parisino, que es la pieza más valiosa de esta cesión matrimonial ya que su valor puede acercarse a los veinte millones de euros.
Impulso Ciudadano argumenta que «la opinión pública merece examinar con detalle las condiciones en que el Gobierno decidió regalar un valioso bien demanial (dedicado además a la promoción de la lengua común como sede del Instituto Cervantes) a un partido político pese a que la propia Dirección General de Patrimonio Histórico no había podido concluir que el PNV hubiera probado en ningún momento que ejerció su propiedad ni siquiera a través de testaferros».
Y añaden desde esta asociación que «conocemos ahora además que la forzada introducción de esos dos otros bienes ‘menores’ sirvió para redondear la operación con una transferencia en efectivo de casi 4 millones de euros. Arrojar luz sobre esta cuestión pretende defender varios principios constitucionales: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el derecho a la información, la tutela judicial efectiva (bloqueada por esta concesión mediante ‘ley particular’), la protección de la hacienda común y el pluralismo político desvirtuado por esta cuantiosa ventaja concedida a una sola formación».
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